Un repaso por las doctrinas legales de otras naciones de la región da cuenta de que el proceso de fiscalización parlamentaria está sometido a lo que establece la Constitución de esos países.

Por ejemplo, en Uruguay la Carta Magna dispone que hayan dos organismos que analicen y definan las interpelaciones a funcionarios públicos. Es la Cámara de Representantes uruguaya la encargada de formular los cargos contra el imputado y  la Cámara de Senadores es la que lleva adelante el proceso. 

El sistema legislativo paraguayo tiene diversas opciones para llevar a juicio político a funcionarios, siempre y cuando el fiscalizador sustente primero sus acusaciones y presente las pruebas necesarias para aceptar el proceso. Esta acción está contemplada en cuatro artículos de la Carta Política paraguaya.

Un caso de doble participación legislativa se repite en Colombia, en donde  la Cámara de Representantes es la que realiza la acusación básica; pero, según la Constitución, es el Senado el que resuelve el proceso como tal.

El caso más emblemático de apego a la Constitución para estas diligencias se da en Estados Unidos, en donde  se ha intentado este procedimiento en tres ocasiones en contra de Jefes de Estado. En agosto de 1867 contra el presidente Andrew Johnson, que en 2 oportunidades consecutivas fue absuelto por el Senado. En 1974 el caso  “Watergate” hizo que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes recomendara a la Cámara acusar al presidente Richard M. Nixon,  y ésta decidió  tomar acción en su contra.

Y el último caso ocurrió en 1998, cuando la Cámara de Representantes acusó al presidente Bill Clinton  por perjurio (mentir bajo juramento) por el caso de Mónica Lewinsky. En febrero de 1999, el Senado absolvió al presidente, porque los republicanos no alcanzaron las dos terceras partes de los votos para lograr su destitución.