El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó ayer su segunda sesión extraordinaria sobre Paraguay en menos de una semana, en la que analizó la situación en el país.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, calificó la situación en Paraguay de “crisis institucional”, que “no puede resolverse sólo por la vía de la acción externa”.

“Esta es una situación bastante nueva, que no afecta el respeto de la ley, sino en la que las normas han sido aplicadas en una manera en que algunos Estados miembros consideran que produce perjuicio a la democracia”, indicó Insulza al comienzo de la sesión.

Por su parte, Bernardino Hugo, representante de Paraguay, anunció que el Gobierno de Federico Franco le pidió seguir representando al país y lo hizo en “el convencimiento de que se cumplieron en mi país las normas constitucionales”.

Los embajadores ante la OEA realizaron una “apreciación colectiva” de la situación en Paraguay y, “en caso necesario”, tomarán “las decisiones que el Consejo Permanente acuerde”, lo que abre la puerta a una posible resolución.

Casi la totalidad de los países calificaron la destitución de Fernando Lugo como un atentado a la democracia paraguaya. Honduras, por ejemplo, pidió que Insulza viaje a Asunción para que dialogue con los involucrados en la crisis política.

En cambio el representante de Venezuela ante el organismo hemisférico, Roy Chaderlton, pidió que se retire el embajador paraguayo, ya que representa a un gobierno sin legitimidad.

Al final de la sesión se insistió en que se conforme una comisión para que emita un informe oficial sobre la situación en Paraguay.