Reconocida como una de las ambientalistas más importantes de Brasil, Marina Silva ha batallado en los dos lados: en el Estado, como ministra de Ambiente del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y luego como candidata presidencial en 2010, tras separarse del oficialismo y participar por el Partido Verde; y desde la sociedad civil, promoviendo la defensa del medio ambiente junto con otros reconocidos activistas, como Chico Mendes.
Silva, quien nació en plena Amazonía brasileña y ha recibido más de 50 premios internacionales por sus acciones y proyectos, visitó Lima, Quito y Bogotá para promocionar el desarrollo sustentable como alternativa para superar la crisis del actual modelo “predatorio”. Habló del dilema extracción petrolera-cuidado ambiental y del caso Chevron.

¿Qué implica promover el desarrollo sustentable?
No solo trata de la cuestión ecológica, sino de un nuevo modelo de desarrollo que trabaja diferentes dimensiones: económica, social, ambiental, cultural, política, estética y ética. Trabajamos con la idea de sustentabilidad en un sentido amplio, estableciendo que para cambiar el modelo de desarrollo es necesario que haya un esfuerzo de todos los sectores de la sociedad. La sustentabilidad no es apenas una manera de hacer, es una manera de ser, es una visión de mundo, un ideal de vida. No es solo un cuestionamiento a nuestra forma inadecuada de producir alimentos, de producir bienes y servicios. Es un cuestionamiento a nuestra manera inadecuada de ser, que produce daños ambientales.

Hay que tener una postura de denuncia del Gobierno, de la sociedad civil, de la comunidad científica.

Vivimos una crisis económica, social, ambiental, política y de valores, pero la crisis de los valores es responsable de los problemas que tenemos. La crisis de los valores es la que separa la ética de la política y la economía de la ecología, y la que nos lleva a sacrificar los recursos de millares de años por el lucro de apenas unas décadas en perjuicio del futuro.

¿Cómo integrar ecología y economía?
El primer paso es no tratar los problemas sociales, ambientales y culturales como si fuesen externalidades a las inversiones económicas. Es fundamental que esas inversiones tengan una visión integrada de los problemas y de las soluciones, y que se busque la viabilidad a todos los niveles. No basta que un proyecto, para ser implementado, tenga viabilidad económica y social, es necesario también que tenga viabilidad ambiental y cultural, porque muchas veces las personas se preocupan más por el retorno social o económico inmediato, olvidando que eso puede tener un impacto sobre poblaciones locales, que es irreversible desde el punto de vista de sus culturas.

De lo que entiendo, aquí había una iniciativa del Gobierno (Yasuní-ITT) de captar recursos para no explotar petróleo. Infelizmente dieron marcha atrás. Es una pena que no haya prosperado el proyecto.

Todavía no tenemos cómo prescindir totalmente del uso del petróleo, pero hay que emplear los recursos de su explotación para hacer inversiones en tecnología e innovación, que nos permitan generar nuevas fuentes de energía a partir del suelo, de biomasa, de la propia hidroelectricidad, del viento, de recursos que se basen en principios sustentables.

¿Qué opina del pulso entre la petrolera Chevron y el Estado?
No tengo conocimiento con profundidad de lo que pasa en Ecuador, pero en Brasil Chevron fue responsable de un gran desastre ambiental, dejó perjuicios enormes, tanto en lo ambiental como en lo económico, con una actitud completamente irresponsable por parte de la empresa. Chevron es una compañía que merece ser denunciada por la sociedad. Imagino que si aquí está sucediendo lo mismo hay que tener una postura de denuncia del Gobierno, de la sociedad civil y de la comunidad científica.

¿Es posible ganar a las petroleras?
Creo que la opinión pública nacional e internacional tiene que presionar cada vez más a esas grandes empresas, para que tengan responsabilidad social y ambiental. Eso va a depender de la acción de la sociedad civil, de la comunidad científica y, sobre todo, de los gobiernos que deben obligarlas a cumplir lo que dicen las legislaciones porque muchas veces los propios gobiernos flexibilizan sus normas para permitir la explotación por parte de esas grandes compañías.

Si existe una acción conjunta, ellas tendrán que ajustarse a los patrones y exigencias de una opinión pública que ya no acepta más perjuicios, divididos para todos, y lucros destinados a unos pocos.