El presidente de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), Pedro Delgado, denunció la apropiación ilegal de una camaronera incautada por el Estado.

En una rueda de prensa, Delgado aseguró que la empresa San Agustín S.A. Camsang usufructuó, de manera ilegal, 240.13 hectáreas de una camaronera ubicada en la isla Mondragón, en el Golfo de Guayaquil. Estos predios pertenecían a la extinta Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), sin embargo, los propietarios de la mencionada compañía nunca pagaron arriendo o alguna otra tasa.

La camaronera que hace mención Delgado fue incautada en 2005. En ese entonces pertenecía a personas vinculadas al grupo Aspìazu, accionista mayoritario del quebrado Banco del Progreso.
Desde ese entonces, la empresa San Agustín S.A. Camsang ha seguido utilizando los predios de este bien embargado.

Según documentos de la Ugedep, Martha Eugenia Coello Aguilar y Ruth María Coello Aguilar constan como  presidenta y gerente de la mencionada compañía, cuya sede está ubicada en Machala, provincia de El Oro.

Ante esta situación, la Ugedep incautó la empresa machaleña. La entidad estatal se apropió de todo el paquete accionario, ordenó la prohibición de enajenar regalías,  derechos reales, fiduciarios, acreencias y derechos de cobro.

La medida incluye todos los bienes que se encuentren en las dependencias y predios que se reputen de propiedad de la empresa.

Además de estas declaraciones, Delgado también realizó otras denuncias. El funcionario dijo que San Agustín S.A. trató de apoderarse de la camaronera  valiéndose de una concesión otorgada en marzo de 2010 por la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) y la Secretaría de Acuacultura.

Ese permiso asegura que la camaronera está en una zona de playa, cuando no es así. Además, se indica que no es zona de manglar, cuando es lo contrario.

Esa concesión fue invalidada 21 días después. Asimismo se ordena el desalojo del lugar. Ante esta situación, los dueños contratan dos compañías de seguridad y entregan armas a los empleados.

La empresa San Agustín S.A. presentó una medida cautelar constitucional en el Juzgado Segundo de Inquilinato y Relaciones Vecinales de Guayaquil. Usan como argumento el derecho de concesión entregado por la Dirnea.

Delgado también indicó que como abogado de los incautados aparece Luis Pólit, quien dijo fue uno de los funcionarios de la AGD que en 2008 se subieron el sueldo y posteriormente fueron liquidados.

Esto ocurrió cuando entró en vigencia el mandato 8, emitido por la Asamblea Constituyente, el cual prohibió la tercerización.

Por ese entonces todos los trabajadores de la AGD estaban enrolados bajo esta figura.

Delgado dijo que los dueños de la empresa incautada ahora tienen 60 días para demostrar la real propiedad de su compañía. También garantizó la estabilidad laboral de los trabajadores.

Señaló,  además, que este tipo de problemas surgen porque los administradores que nombró la extinta AGD nunca tomaron el control de las empresas incautadas de manera real.

Puso como ejemplo a un pequeño grupo de trabajadores que opera en una pequeña parte de la camaronera ubicada en Mondragón y que sí paga arriendo.