El presidente de la República, Rafael Correa, a través del Decreto Ejecutivo Nº 1231, suscrito el pasado 6 de julio, decidió extender nuevamente el estado de excepción en todos los edificios vinculados a la Función Legislativa como una forma de garantizar el trabajo del Parlamento.

La primera vez que se expidió la emergencia fue debido a los hechos de violencia originados el 30 de septiembre de 2010, durante la sublevación de la escolta legislativa.  

El artículo 1 del documento firmado por Correa dice “renovar la declaratoria del estado de excepción en todas las instalaciones de la Asamblea Nacional que representan la Función Legislativa de la República del Ecuador, en Quito, en razón de que algunos integrantes de la Policía Nacional distorsionaron severamente o abandonaron su misión de policías nacionales y por ende sus deberes consagrados en la Constitución y la ley, mediante una insubordinación policial”.

El artículo 2 del documento ordena la movilización nacional y militar de las Fuerzas Armadas para el control interno en las instalaciones.

También se dispone que el Ministerio de Defensa ejecute un plan de contingencia, con la finalidad de que sus efectivos intervengan para garantizar a la Asamblea Nacional las condiciones de seguridad necesarias para sus sesiones y poder realizar sus actividades administrativas regulares. 

El artículo 3 del documento establece que el período de duración de esta renovación del estado de excepción es de 30 días a partir de la suscripción del presente decreto ejecutivo.