El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) tiene previsto reunirse a las 7:30 de hoy con el fin de aprobar el reglamento que permita realizar la consulta prelegislativa de la Ley de Recursos Hídricos que se iniciará en mayo próximo.

Esa decisión se tomará al amparo de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) de mayo de 2010, en donde se concede competencia a la Asamblea Nacional para establecer el procedimiento que se seguirá para aplicar la consulta prelegislativa.

Después de que ese organismo legislativo apruebe la norma, se prevé que la Comisión de Soberanía Alimentaria avance en el tratamiento del proyecto de Ley de Recursos Hídricos (Aguas) y la Comisión Ocasional de Cultura haga lo propio con la ley del ramo

La consulta prelegislativa es un proceso que garantiza el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a ser consultados antes de adoptar una ley que pueda afectar alguno  de sus derechos colectivos.

“La Corte manda al CAL a reglamentar, haremos el reglamento que casi es una copia textual de los artículos que estaban en la Ley con los agregados propios de un reglamento, como el tiempo que tomará realizar ese proceso”, indicó el titular del Legislativo, Fernando Cordero, quien responsabilizó a la CC, de allanar el camino para que el Ejecutivo haya vetado totalmente el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Justamente era en esta norma donde se definía el procedimiento para  la consulta prelegislativa. Pero también estaban temas como la fiscalización y la escolta legislativa.

Durante una rueda de prensa, Cordero cuestionó la admisión a  la demanda de inconstitucionalidad presentada, meses atrás, por el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

El Ejecutivo cuestionó el artículo 63 de la LOFL que permitía al Legislativo aprobar directamente las reformas a esta norma, sin pasar por el veto del Presidente.

Como el artículo fue declarado inconstitucional, las reformas a la LOFL que abarcaba temas como fiscalización y consulta prelegislativa, fueron a manos del Primer Mandatario, quien las vetó totalmente.

De esta forma los procesos de fiscalización contra ministros y funcionarios de Estado se mantienen con la misma estructura. Un asambleísta puede pedir su comparecencia, el CAL admite a trámite y la Comisión de Fiscalización califica a juicio o archiva la solicitud.

El asambleísta Jorge Escala (MPD) indicó que en las reformas a la LOFL se planteaba “recuperar la capacidad de fiscalización de la Asamblea, para que sea el pleno el que determine el destino de los juicios políticos y no una comisión”.

Mientras que Gabriel Rivera (PAIS) señaló que “se pretende equiparar fiscalización con control político. Aquí ha habido fiscalización, lo que no ha habido es circo”.

El jefe de bloque de Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, dice que el veto del Ejecutivo “no solo mata a la fiscalización, sino a la Función Legislativa, ya que la está castrando y dejando como una figura decorativa”.

Escolta legislativa

Tras los hechos del 30 de septiembre, la seguridad del edificio de la Asamblea está en manos de las Fuerzas Armadas.

El vicepresidente del Parlamento, Juan Carlos Cassinelli,  dijo que esta situación debe ser analizada por el CAL, al reconocer que se genera un problema al renovar constantemente el estado de excepción. No se descarta, tampoco, volver al anterior esquema en donde la Policía Nacional precautelaba el edificio.