El 15 de julio de 2010, Dalton Bacigalupo, como  presidente nacional de la Izquierda Democrática (ID), y Marcelo Zambrano, representante de la Fundación Coaching Empresarial, firmaron el contrato de arrendamiento del tercer piso del edificio donde funciona la sede de dicho partido político. Ese hecho implicaría que la propiedad se revirtiera al Municipio de Quito.

El documento contractual  probaría la violación de las cláusulas respecto a la donación de un terreno de 669 metros cuadrados, suscrito el 11 de agosto de 1980 entre el exalcalde de Quito,  Álvaro Pérez Intriago,  y el exdirector nacional del  partido político,  Raúl Baca Carbo. (Ver facsímil)

Pese a que en la cláusula séptima consta que el beneficiario de la donación del lote ubicado al norte de Quito debía ser el “único y exclusivo dueño y poseedor del bien”, Bacigalupo suscribió contratos de arrendamiento para 4 años por $550 al mes y una garantía de $ 1.100.

DATOS

En la Notaría Decimonovena de Quito consta el contrato de donación suscrito entre el entonces alcalde, Álvaro Pérez Intriago, y el director nacional de la Izquierda Democrática, Raúl Baca Carbo, ante el notario Jorge Campos Delgado.

El contrato de arrendamiento suscrito en 2010 entre el dirigente de la ID, Dalton Bacigalupo, y el representante de Fundación Coaching Empresarial, Marcelo Zambrano, fue inscrito en el Juzgado Segundo de Inquilinato y en la Notaría Vigésima Tercera.

Bacigalupo dio en alquiler el tercer piso de la sede de la ID, compuesta por tres oficinas, dos aulas de capacitación, área de recepción y secretaría, cubículos para asistentes administrativos, cafetería, baños y tres parqueaderos en el subsueloEn entrevista con este diario, Bacigalupo admitió que ese terreno fue donado por el Cabildo, pero destacó que “actualmente lo convirtieron en un conventillo para de manera ilegal darlo en arrendamiento y cobrar ilegalmente, lucrando inmoralmente de los bienes del partido”. Bacigalupo culpó de aquello a Henry Llanes, quien también se dice presidente nacional de la ID, sin embargo, el aludido replicó señalando que quien debe rendir cuentas de aquello es Bacigalupo.

Al insistirle en aquello a Bacigalupo y señalarle que en el contrato de arrendamiento consta su nombre y firma, admitió que fue él quien lo suscribió, pero señaló que el dinero lo cobra Llanes y que es él quien  debe rendir cuentas. Justificó su actuación señalando que lo hizo porque el exdirigente de ID, Andrés Páez, “dejó sin dinero al partido político y fue necesario cubrir los gastos del personal y administrativos”.       

Añadió que fue Llanes quien posteriormente irrumpió a la fuerza para tomarse la sede de la ID, “apoderándose del dinero producto de los arriendos hace más de un año”.  Aseguró también que del dinero producto de otros arriendos también se apoderó de la misma forma. “La Contraloría General de Estado tiene que solicitar cuentas a Llanes porque está disponiendo ilegalmente de dineros de la ID”, sugirió.

En medio de estas acusaciones, en las últimas horas ingresó al Concejo Metropolitano el informe de la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, María José Mantilla, en donde se detalla a quiénes se alquiló no solo el tercer piso de dicho edificio sino otras oficinas: a las empresas Estelecom y Metrocom.

Con este informe y las pruebas recabadas, en los próximos días el Concejo Metropolitano decidiría la reversión de dicha propiedad al Municipio. En la cláusula cuarta del contrato de donación claramente se señalaba que la ID estaba prohibida de “disponer libremente del inmueble donado”, por lo que no podía realizar su  “enajenación (venta) actual o futura, a cualquier título o modo de adquirir el dominio, sin que pueda constituir gravámenes de ninguna naturaleza sobre dicho inmueble sin la autorización municipal”.

También se estipula que si la ID incumple con las obligaciones, “se resolverá expresamente el contrato y el inmueble revertirá a favor de la Municipalidad, sin el reconocimiento de valor alguno por los gastos invertidos en la construcción”.

“No hay persecución política contra ningún partido, únicamente estamos aplicando lo que manda la normativa municipal y las cláusulas del contrato de donación firmado en 1980”, aclaró Mantilla. Esto, porque Llanes ha venido insistiendo en que tras la decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral (CNE) de eliminar legalmente a la ID  del registro electoral, se pretende despojarlos de su sede, por lo que sentenció que no entregarán el edificio, pues asegura que les pertenece a los afiliados que han aportado con dinero para su construcción y, además, porque se trata de una propiedad privada.