El caso de las supuestas firmas falsificadas que se entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la inscripción de partidos y movimientos políticos tiene nuevos implicados. La madrugada de ayer dos personas se entregaron voluntariamente en la Fiscalía del Guayas ubicada dentro de la Policía Judicial (PJ).

Se trata de Celeste del Pilar Celi Núñez y Edwin Francisco Jerez Núñez, de 33 y 49 años, respectivamente. Extraoficialmente se conoció que desde esa hora permanecen en las instalaciones de la PJ, aunque las autoridades ni lo han confirmado ni lo han negado.

El fiscal de Pichincha, Fabián Salazar, es el encargado del caso y fue él quien recibió a los nuevos implicados cerca de las 04:00 de la madrugada. En el transcurso de la mañana se mantuvo el hermetismo sobre el paradero de los detenidos.

Salazar destacó que las declaraciones de Celi y Jerez serán determinantes en las investigaciones para aclarar el tema de las falsificaciones de rúbricas. Alrededor de las 11:00 de la mañana llegaron al lugar las abogadas de Fernando Morla y Ángel Bowen León, detenido por el mismo caso el 14 de agosto pasado.

Las juristas manifestaron que Celi y Jerez fueron quienes voluntariamente informaron a la Fiscalía cómo, según ellos, habría funcionado el negocio de la falsificación.

Gisella Padovani, abogada de Morla, dueño de Datalexsa, detalló que las dos personas que se entregaron ayer  le dieron declaraciones al fiscal el 10 y 11 de agosto pasados.

Fue producto de esos testimonios que se crearon los cargos para detener a los tres primeros implicados, dos en Guayaquil y uno en Quito.

Entre las pruebas halladas en aquel entonces se encontró un contrato entre Datalexa y Fabricio Correa, dirigente del movimiento Equipo, para la recolección de firmas. “No puede ser que ellos se acerquen y digan que falsificaron las firmas y que los dejen ir sin mayores problemas. Ella (Celi) dice que el señor Morla y Bowen les obligaron a falsificar las firmas, esa es toda la investigación del fiscal”, criticó la abogada.  

Además descartó que Morla tuviera una vinculación con la empresa Ecuasistemas, que ha suscrito varios contratos con entidades públicas, aunque esta pertenezca a sus hermanos. “Datalexa es la empresa que suscribe el contrato con Equipo -partido que es presidido por Fabricio Correa-.

Es una empresa legalmente constituida que en primer lugar realizó un estudio de campo para medir la simpatía del movimiento con relación a la gente; en segundo lugar manejó los datos en base al estudio para determinar en qué zonas se podrían recoger firmas para luego alimentar la base de datos”, afirmó Padovani.

La defensora mencionó que en las declaraciones también se habría implicado a otros movimientos como Concertación. La abogada afirmó que Celi es funcionaria administrativa en la Prefectura del Guayas y que hasta el lunes continuaba trabajando en esa dependencia. En esa dependencia ella está registrada con el cargo de conserje.

El caso de los tres procesados recayó en el Juzgado Vigésimo de Garantías Penales, pero su titular se excusó porque su firma también fue falsificada. “Desde el 15 de agosto se inhibió y hasta ahora no se ha designado a otro magistrado, tenemos 15 días perdidos y nadie sabe nada”, lamentó.

Rocío Bowen, hermana de Ángel Bowen, quien trabaja en su defensa, acotó que en las declaraciones se nombra a su familiar pero sin mayores pruebas. “Mi hermano es capacitador, da asesoría y por eso fue contratado por el Movimiento Equipo”, aclaró.

Padovani insiste en  que Datalexa funciona legalmente, pero reconoció que no tiene ubicación fija. Actualmente, los primeros tres detenidos siguen recluidos. Bowen y Morla están en la Penitenciaría del Litoral.