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El Telégrafo

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Dos años de investigación fiscal y maraña judicial dejan pocas condenas, muchos absueltos y doble vacío en allegados a víctimas

Dos años de investigación fiscal y maraña judicial dejan pocas condenas, muchos absueltos y doble vacío en allegados a víctimas
30 de septiembre de 2012 - 00:00

El 30 de septiembre del 2010 marcó un antes y un después en la historia del Ecuador. Hace dos años un fallido intento de golpe de Estado que puso en peligro la vida del presidente de la República, Rafael Correa, es el hecho que la ciudadanía recuerda; pero los heridos y familiares de quienes fallecieron reviven los hechos cada día, como si hubieran sucedido apenas hace horas.

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se encargó del seguimiento y atención de 250 personas, entre: agredidos, heridos y familiares de los ciudadanos y uniformados que fallecieron el 30 de septiembre. Al momento un grupo de 25 personas tiene atención prioritaria por sus condiciones de salud, económica y sociales, mientras las personas restantes fueron contactadas por la Dirección para receptar sus pedidos en términos de asistencia médica.

Hiroshima Villalba, directora de Protección de Derechos del Ministerio del Interior, informó que el trabajo para atender a las víctimas fue interinstitucional, nueve ministerios participaron, entre ellos: Salud, Educación, Vivienda, Justicia, Inclusión Económica, Trabajo e incluso la Vicepresidencia de la República a través de la Misión Manuela Espejo.

Víctimas y familiares que hasta el 30 de septiembre eran desconocidos, entre sí, ahora comparten su dolor físico, sentimental y sus proyectos, asegura Yolanda Terán, a quien agredieron físicamente hasta romper su clavícula.

Terán forma parte del grupo de las 25 personas de atención prioritaria, mientras visita las instalaciones de la Dirección de Derechos Humanos a pocas cuadras del Palacio de Carondelet, asegura que el dolor físico pasa de a poco, pero la indignación de ver como un grupo de uniformados de la Policía se revelaban ante el Presidente la llevó a salir a las calles para defender la democracia. Al mismo lugar llega Olga Fernández, madre de Juan Pablo Bolaños, un universitario que falleció por un impactado en su cabeza.

Fernández recuerda con orgullo a su hijo, “a él nunca le gustaron las injusticias”, su muerte hizo que conozca a personas que compartían sus ideales, me duele su partida, pero me fortalece el saber que su muerte no fue en vano. Fernández está trabajando en la producción de dos videos, como parte del sueño que tenía Juan Pablo, lograr que su mamá grave un disco compacto.

A la oficina llega con su cabello largo, una mochila y un megáfono el joven gestor cultural Jorge Cisneros; él recibió más de 100 impactos de perdigones en su cuerpo; algunos se pudieron sacar con intervención quirúrgica, otros se quedaron alojados en varias partes de su cuerpo.

Cisneros añade que después de dos años los cambios en su vida son radicales. “Estoy convencido de que la participación de la ciudadanía es vital para mantener la democracia en el país, recuerdo que el Presidente Correa me dijo que si vuelve a pasar algo como el 30-S, por favor no arriesgue mi vida; pero yo le dije que  lo haría nuevamente”.

Sus cicatrices son visibles y asegura “es  doloroso recordar los hechos del 30-S, el dolor físico es superable, el dolor emocional que le causaron a mi familia es algo que no les puedo perdonar a los golpistas”.

Como parte de la asistencia, ayer el  Ministerio del Interior y del Miduvi formalizaron la entrega de seis viviendas a los familiares y víctimas. Dos casas se entregaron en Carapungo, dos en Conocoto y dos en Cutuglahua en Quito.

Ver lista de las víctimas del 30-S

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