El director del Parque Nacional Galápagos (PNG), Edwin Naula,  negó que la sanción administrativa en contra de  la operadora turística Repregal, propiedad de la familia del asambleísta Alfredo Ortiz,    obedeciera a una persecución política como él  afirma y que, por el contrario, la compañía ha incurrido en una serie de infracciones desde 2004.

El 22 de julio pasado, el PNG sancionó a la operadora con la suspensión de actividades por 90 días. La razón  fue   que, en febrero de este año, la empresa cambió  su  itinerario   sin autorización del parque  para trasladar turistas a   ecosistemas    protegidos en  las islas.

El incumplimiento se produjo cuando el  representante  de Repregal, Fernando Ortiz (hermano del asambleísta), pidió autorización  al PNG para el cambio de itinerario un día después de que la  incursión se había realizado.  

La solicitud se presentó  el  14 de febrero para un cronograma de visitas que iba del  13 al 16 de ese mes. “Verbalmente se les informó que no había autorización, pero continuaron con su actividad.

No podíamos validar una actividad que estaba al margen de la ley”, reiteró Naula.

La sanción se ejecutó parcialmente, pues el 30 de julio pasado,  el  juez primero de Garantías Penales de Galápagos, Pascual Ávila (asambleísta alterno de Ortiz), concedió  una medida cautelar a favor de Repregal, anulando lo dispuesto por el PNG.

Este diario intentó dialogar con el legislador municipalista, pero su asesor informó que estaba de vacaciones. No obstante, en días anteriores Ortiz calificó de “absurda e insólita” la decisión del PNG, tras explicar  que el cambio de itinerario fue para ayudar a otra embarcación que atravesaba una emergencia.

Al respecto,  Naula reiteró que la sanción fue   analizada con detenimiento,   principalmente porque el mismo operador turístico tiene un historial de 14 infracciones, lo quequiere decir que es reincidente.

Entre las sanciones a la compañía, las más severa se produjo en 2006, cuando se dispuso la  suspensión de sus actividades por  seis meses, tras detener una de sus embarcaciones  con 18 sacos de pepino de mar, una especie protegida de Galápagos, cuya pesca es permitida en ciertas épocas del año y bajo estrictas condiciones ambientales.

Actualmente el proceso está en manos de la Corte Nacional de Justicia, pues las autoridades ambientales han apelado la resolución del juez Ávila, quien fue destituido del cargo.

El asambleísta Ortiz también ha cuestionado la gestión de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y de Naula, quien le restó mérito a las declaraciones del legislador.

“El asambleísta aduce persecución política a través del PNG.  Ha cuestionado constantemente la gestión del Ministerio de Ambiente y de la autoridad del Parque, pero nosotros seremos firmes en proteger  la integridad de las islas”, acotó.

La compañía  de la familia Ortiz  tiene licencia  para la operación  de dos embarcaciones, pero  gestiona la incorporación de  dos naves adicionales, una decisión  que le corresponde al PNG.

Para Naula, las declaraciones de Ortiz buscan presionar a las autoridades   para lograr su propósito.