Como lo había anunciado el Gobierno Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, inició con el análisis de las preguntas que constarán en la consulta popular -que se efectuará el próximo 7 de mayo-  teniendo precaución de no inducir al voto por el Sí, lo cual representaría una violación al reglamento presentado por el Consejo, Nacional Electoral (CNE) para el proceso.

Durante su enlace ciudadano, efectuado ayer en Santo Domingo de los Tsáchilas, el gobernante explicó que la primera pregunta, vinculada a la caducidad de la prisión preventiva, busca evitar que, mediante artimañas jurídicas, como la no presentación del detenido a las audiencias, se dilate el tiempo de juzgamiento, lo que permitiría a los seis meses (en delitos menores) y en un año (en casos graves) que el prisionero salga en libertad. “Si la defensa del detenido es la culpable del retraso en el juzgamiento, no correrá el plazo de la caducidad preventiva”, dijo el Jefe de Estado.

Además, Correa subrayó que, de aprobarse esta pregunta, también se incluirán sanciones a jueces, peritos, fiscales y abogados que por actos de omisión permitan que acusados peligrosos puedan recuperar su libertad a través de la caducidad.

Sobre la segunda pregunta, que trata sobre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el Mandatario indicó que se busca quitarles a “jueces pillos” el argumento de  no declarar la prisión preventiva a ciertos sospechosos peligrosos.

“Hay casos de acusados con antecedentes delictivos que no recibían prisión preventiva porque los jueces se acogían a lo que dice la Constitución en donde se refiere a que la prisión preventiva se la dictará en casos ‘excepcionales’. Tantos criminales sueltos en la calle y  los jueces tomaban la prisión preventiva como algo excepcional”, enfatizó Correa.

Por esta razón, la pregunta eliminará de la Carta Política el término “excepcional” y anexará que la prisión preventiva se dictará como una forma de garantizar a las víctimas una justicia proba.

Mientras que en la tercera pregunta, en donde propone prohibir que las instituciones privadas financieras y de comunicación tengan acciones en empresas ajenas a sus actividades, Correa dijo que se busca evitar conflictos de intereses. “Hay ciertos  banqueros que tienen  almacenes y se daban créditos a ellos mismos, pero a otros  no. Eso es competencia desleal”, manifestó.

“Algo muy similar ocurre en los medios  que utilizan sus productos de comunicación para defender los intereses de sus otros negocios”, subrayó el Primer Mandatario.

Las dos últimas preguntas de enmiendas constitucionales, vinculadas a cambios en el sistema nacional de justicia, fueron calificadas por Correa como las consultas base de este proceso. “Solo conseguiremos desarrollarnos como país cuando tengamos una verdadera y óptima justicia”, expresó.

Con la pregunta 4 -que propone la instauración de una comisión tripartita que, por 18 meses, realice una reestructuración del sistema judicial- el Mandatario aseguró que se busca agilizar el trabajo de cambios en las cortes porque el actual Consejo de la Judicatura no ha alcanzado esta meta. “Los 9 integrantes del Consejo de la Judicatura pasan peléandose y no han cambiado nada”, resaltó.

El Presidente afirmó que la intención “no es poner a los jueces que el Gobierno quiera”, porque entre las funciones que tendría la comisión tripartita está la selección de jueces a través de concursos de méritos y oposición públicos y con veedurías ciudadanas.

Finalmente, en la pregunta 5, que reduce la composición del Consejo de la Judicatura de 9 a 5 integrantes (Fiscalía General, Defensoría Pública, Corte Nacional de Justicia, Ejecutivo y la Asamblea Nacional tendrían un representante) se busca optimizar el trabajo del organismo. “Esta entidad evaluará a los jueces, se  ocupará de la parte administrativa, y no es que vaya a decir a tal juez que dicte tal sentencia”, aseguró Correa.

Advierte con vetar ingreso de orden católica

El Jefe de Estado advirtió  ayer con vetar el ingreso de la orden de los Heraldos del Evangelio en Sucumbíos, que ordenó  la salida del  obispo Gonzalo López, de la orden Carmelitas Descalzos, un sacerdote muy ligado a los sectores populares de esa provincia.

El Mandatario dijo que, si es necesario, aplicará el acuerdo “Modus vivendi”, que regula las relaciones entre el Estado ecuatoriano y el  Vaticano, para impedir que una orden “ultraconservadora” ingrese a Sucumbíos. “Según ese acuerdo, nosotros (el Estado) podemos vetar a los obispos, pero nunca se ha utilizado ni lo queremos utilizar”, señaló.

Comentó que la jerarquía eclesiástica  decidió el ingreso  de la orden de los Heraldos del Evangelio, a la que definió como “ultraconservadora” y “medieval”. “La gente  tiene un gran rechazo contra una comunidad ultraconservadora de la Iglesia”, dijo, e insistió en que su posición no es autoritaria, sino que se basa en acuerdos establecidos con el Vaticano.