Un proceso de fiscalización e investigación solicitado por el titular de la Asamblea, Fernando Cordero, y por el primer mandatario, Rafael Correa, evitó un perjuicio al Estado por 8,6 millones de dólares, a través de la modalidad de subasta inversa para la compra corporativa de medicamentos genéricos.

Según Cordero, la investigación se inició en base a una denuncia, cuyos primeros resultados y verificaciones fueron comunicados de inmediato al presidente Correa, con el fin de adoptar medidas tendientes a evitar que se afecten los recursos públicos, se tomen los correctivos del caso y, de ser necesario, solicitar la intervención de la Contraloría y de la Fiscalía.

Entonces, el Mandatario dispuso profundizar la investigación para obtener más datos y evidencias a través de un análisis conjunto entre los legisladores de Alianza País, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Transparencia y el Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop).

Una comisión de alto nivel analizó desde mediados de febrero los precios mediante los cuales se adquirieron anteriormente a las empresas farmacéuticas 341 ítems adjudicados para la compra pública de medicinas. Tras ello, se suspendió la ejecución de 79 ítems, pues se detectó que iguales genéricos  ya habían sido vendidos a precios inferiores por las mismas empresas y que ahora  tenían un costo más elevado.

Al final, se determinó que 54 ítems eran los que más problemas de elevación de precios sufrieron, pese a que estaban dentro del rango establecido en la subasta inversa, lo cual, de no haberse detectado, le habría significado al Estado una pérdida de 8,6 millones de dólares.

En este sentido, Cordero dijo ayer que las investigaciones permitieron evitar que “en forma legal” se pretenda perjudicar al Estado ecuatoriano.

Las conclusiones a las que llegó la comisión fue que los precios referenciales utilizados para la subasta inversa corporativa no consideraron los precios de compras públicas pasadas. En el caso de algunos genéricos fueron muy superiores no sólo con respecto a compras anteriores, sino a los del mercado.

Asimismo, se determinó que de efectuarse la compra de los medicamentos a los precios acordados en el marco de la subasta inversa, se habría producido un grave perjuicio a los recursos fiscales. Por ello, la comisión recomienda que   todos los medicamentos sometidos a la subasta inversa corporativa sean revisados por cada una de las cuatro entidades que suscribieron el acuerdo de compra: MSP, IESS, ISSFA e ISSPOL.

Se recomienda esto porque un estudio preliminar permitió identificar la existencia de un importante número de medicinas en las cuales los precios de compras anteriores son “notoriamente” inferiores con respecto a los establecidos después en el acuerdo marco.

También se pidió al Incop que, aplicando la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, suspenda la compra de los 54 ítems o convenios marco suscritos para la adquisición de medicinas.

Al respecto, el director del Incop, Jorge González, señaló que están cerrando el análisis general de lo que significó la subasta corporativa de medicamentos y que la evaluación ha sido “absolutamente positiva” para el país.

“Se detectó el problema de que los mismos proveedores adjudicados respecto a igual producto (mediccinas), lo habían vendido antes en mejores condiciones. Lo que se corrigió en estos casos (54 ítems) fue cerca de 8,6 millones de  dólares”, dijo.

Sin embargo, aclaró que no se consumó ningún sobreprecio o perjuicio al Estado, sino que se evitó pagar en exceso (precio). Indicó que eso sienta un precedente histórico y  que el mensaje a los proveedores es: “Señores, ustedes no pueden abusar de su condición. No pueden seguir jugando con los precios”.