El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA) pedirá información sobre las presuntas preferencias que tendría el Banco de Guayaquil en la apertura de cuentas para el pago de pensiones alimenticias.   

Lorena Dávalos, abogada de la institución, dijo que se realizará esa tarea tras el reportaje que publicó El Telégrafo el pasado domingo sobre esta situación.

Para ello se solicitará la ayuda del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia de Guayaquil. Dávalos explicó que la ley no estipula que el pago de las mensualidades sea en un banco determinado sino que puede ser en cualquiera.

Para Vilma Torrez, ex jueza de la niñez, lo que ocurre es que los juzgados pueden revisar fácilmente que los pagos sean puntuales cuando la cuenta es en el Banco de Guayaquil.

Esa entidad financiera, explica, facilita la interconexión virtual, lo que no ocurre con otras instituciones. El Banco de Guayaquil es el único que tiene esa ventaja. Torres considera que es porque no se han firmado otros acuerdos. Ella recuerda que hace algún tiempo hubo la intención de realizar algo parecido con el Banco Pichincha, pero eso nos prosperó.        

También aclara que al momento de realizar los trámites en los juzgados a las madres se les hace llenar un formulario en el que está la opción de registrar una cuenta bancaria. Si el espacio lo dejan en blanco entonces se abre una cuenta en el Banco de Guayaquil, que no es de ahorros ni corriente sino de “pagos”.

A ella se les facilita una tarjeta para que puedan retirar el dinero en cualquier cajero automático. Torres, quien preside la Fundación Voces del Silencio, añade que este es un asunto del Consejo de la Judicatura y que ellos deben explicar por qué no se tiene las facilidades para verificar los pagos en otros bancos.

Es justamente esta ventaja la que reconoce Iván Jaramillo, director Jurídico de Papá por Siempre, una ONG que defiende los derechos de los padres divorciados.  

Él reconoce que podría existir algún tipo de monopolio, pero aclara que como los juzgados pueden verificar los pagos así pueden evitar la prisión ante cualquier reclamo sin fundamento.    

Explica que existen casos en que los padres hacen los depósitos, pero no hay la información necesaria, lo que les trae problemas. El no pago de una pensión puede llevar a la cárcel.  

Para él debe haber información cruzada entre bancos y juzgados en todo el país, como existe en el puerto principal, pero solo con la entidad financiera antes citada. Jaramillo recomienda que se reglamente el uso de cuentas bancarias, pues esto no ha sido normado.