La Ley de Redistribución del Gasto Social que grava las utilidades de las entidades financieras se aplica para el ejercicio fiscal 2013, es decir que afecta a las utilidades que se declararán en el año 2014. Así lo aclaró Francisco Velasco, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, que  tramitó la referida norma.

Por eso, el legislador descartó que la ley haya sido una de las causas para que el Banco de Guayaquil no ganara lo suficiente y pidiera a sus empleados la devolución de 787 dólares que les entregaban mensualmente como pago de  utilidades anticipadas.

“Es absolutamente falso lo que el banco ha argumentado, que  sus utilidades hayan decrecido por la Ley de Desarrollo Humano, los efectos de la ley recién aparecerán en la declaración de impuestos que se hará en abril de 2014. Ellos han hecho un mal cálculo de sus utilidades”, aseguró el asambleísta.

En la información que el banco presentó a sus empleados los directivos enfatizaron  que “todos sabemos que las autoridades nacionales han tomado, en los últimos años, una serie de medidas relativas al sector financiero que hemos acatado tal como lo disponen las normas. Así, se ha reducido y eliminado el cobro de múltiples tarifas, también se han aumentado impuestos y se han exigido reservas adicionales”. Eso habría ocasionado que el Estado tomara el 97% de las utilidades, según aduce el banco.

Frente a esta situación, Velasco aseveró que la “serie de medidas” no fue  aprobada en los últimos días para que recién ahora el banco analice si paga de más.

Y justamente esta misma opinión  tienen algunos de los empleados del banco. “La gente está tratando de atender bien a los clientes, pero la explicación que nos dieron que de cada 100 dólares, 97 se lleva el Estado, nadie se la tragó. Esperábamos un recorte, pero no tanto”, aseguró un empleado que prefirió no dar su nombre. Otro trabajador detalló que hay incertidumbre en la entidad.

Velasco rechazó  la postura de la empresa de endosar la responsabilidad en la disminución de utilidades al Estado cuando debió calcular sus ganancias en base a lo que ya estaba aprobado. “Ellos son los únicos responsables de haber creado una expectativa entre sus trabajadores, no tiene nada que ver el Estado en la sobredimensión de sus utilidades”, afirmó el legislador oficialista.

Para el asambleísta, el banco debe transparentar toda su información para no dar datos parciales y se refiere a un rubro específico: cuánto gastaron en publicidad. “El año pasado los bancos pagaron millones por las publicidades y nosotros conocemos que hasta les pagan el Impuesto a la Renta a sus directivos”, denunció Velasco.

Según los mismos empleados del Banco de Guayaquil, el vicepresidente de Recursos Humanos de la institución, Carlos  Hahn, renunció ayer a su cargo. “Él era como nuestro oficial de crédito, cuando revisábamos nuestro saldo en el sistema salía su nombre, pero desde ayer ya no aparece”, señaló un empleado.

Hahn fue quien envió el comunicado explicando la situación del banco y ordenando la autorización para el débito a los trabajadores. En un comunicado la entidad ha defendido la legalidad de la medida, mientras que la Superintendencia de Bancos analiza el caso.