Una sentencia emitida   por los conjueces de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas le dio la razón a Maximiliano Donoso y lo restituyó en su cargo de gerente general de Seguros Sucre.

La aseguradora, a  nombre del Programa de Protección Social (PPS) del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES),   administra las pólizas de vida y los servicios mortuorios de los beneficiarios del bono de desarrollo humano y de los programas para adultos mayores y personas con discapacidad.

El pasado 25 de octubre, este medio de comunicación reveló que un informe de la consultora Management Consulting Stern,  contratada por Seguros Sucre,  dio a conocer que Seprofin, empresa contratada por la aseguradora para brindar los servicios exequiales en todo el país, incumplió el contrato al presentar un “sobreprecio” en la facturación.

La consultora señaló que durante el primer semestre de 2011, Seprofin presentó a Sucre 7.857 casos atendidos por su red de  cuatro funerarias que cubren el país: San Daniel (Carchi, El Oro, Imbabura, Los Ríos, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Galápagos); Terán Jiménez (Azuay, Cañar, Guayas y Santa Elena); Valdez (Manabí); y Gonzalo Mendoza (Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Loja, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Orellana).

Seprofin facturó a Sucre 6’095.262 dólares por ese período. De este monto, la aseguradora canceló 5’533.054 dólares, equivalentes al 90,8% de lo facturado. El pago del saldo (9,2%) no se lo realizó al darse cuenta que  existió un sobreprecio estimado de 3’074.506 dólares.

Antecedentes

El 28 de diciembre de 2010, Sucre contrató a Seprofin para que se encargue de la prestación de los servicios mortuorios. 

Fue el  5 de septiembre de 2011 que la aseguradora terminó anticipadamente el contrato al analizar los resultados de la consultoría, pese a que la cláusula décima establecía un aviso previo a la otra parte con no menos de 90 días.

El 12 de septiembre, Santiago Cuesta, gerente general de Seprofin, presentó una acción de protección ante el Juzgado Sexto de lo Civil de Guayaquil para suspender la cancelación del contrato.

El 13 de septiembre, el juez Franklin Ruilova calificó la acción y tres días después destituyó a Donoso.

El 19 de septiembre, el juez  ordenó la inscripción de la destitución en el Registro Mercantil de Guayaquil, situación que provocó que la aseguradora presente ante la Judicatura  una queja formal en contra de Ruilova, quien el 26 de septiembre fue suspendido.

El 5 de octubre, Seguros Sucre conoció que el juez Alberto Robalino reemplazó a Ruilova, por lo que solicitaron la aclaración y ampliación del fallo que nunca llegó.

El 27 de octubre, los conjueces de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas conocieron el caso y consideraron que la decisión de Ruilova fue “arbitraria al destituir a un empleado privado”, por lo que el 23 de noviembre fallaron a favor de Donoso y el 8 de diciembre la restitución del cargo fue inscrita en el Registro Mercantil.

Antes de adoptar esta decisión, la Sala analizó que la Corte Constitucional es el único organismo competente para conocer y resolver acciones de incumplimiento, así como para destituir de un cargo a un servidor público.

Bajo este criterio, manifestaron que, en el caso de Donoso, al ser un empleado privado, lo actuado por el juez Ruilova es inconstitucional e ilegal al vulnerar sus derechos y garantías constitucionales.

De igual manera estimaron que el juez Robalino, subrogante de Ruilova, recayó en las mismas ilegalidades al no atender la petición.