El asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, quien en abril pasado fue sentenciado por la jueza Lucy Blacio a prisión de 18 meses, a pagar una multa por reparación económica por el delito de injurias y a pedirle disculpas públicas al presidente Rafael Correa, aseguró que “así gritemos a los cuatro vientos, el tema jurídico es el tema jurídico, y con esas actas (finiquitos) firmadas (en 1998) por funcionarios públicos (del gobierno de Jamil Mahuad) a nombre del Estado, el país va a terminar perdiendo los juicios contra Chevron”.

Frente a lo dicho por el procurador del Estado, Diego García, de que Jiménez debe explicar cómo obtuvo información reservada, privilegiada, de correos electrónicos de altos funcionarios del Gobierno, incluido Correa, que podría beneficiar a Chevron dentro del juicio RICO entablado en la Corte Federal de Nueva York, dijo que quienes deben explicarle es el presidente y el Procurador por qué no han defendido bien al país en demandas en cortes internacionales, entre ellas, por el caso OXY y Chevron.

Añadió que se debe explicar por qué el Estado ecuatoriano contrató a Foley Hoag, un estudio jurídico norteamericano que tuvo vínculos de trabajo con Chevron-Texaco.

Jiménez insistió en esto pese a que García ha explicado públicamente que Foley Hoag ha hecho análisis específicos sobre la defensa del Estado, generando además opiniones legales del laudo entre Ecuador y Chevron, pero “no está a cargo de la defensa del Estado en el caso Chevron. Es una firma en la que confiamos, no ha hecho defensa del Estado, de manera que no se pueden pedir resultados que sean valorables. Los criterios puntuales de Foley en el tema Chevron han estado en relación al análisis de la defensa que ha manejado el Estado con otra firma de abogados que está a cargo del caso”. Por ello descartó un conflicto de intereses.

Ante la reiterada pregunta respecto a ¿quién le dio información reservada?, Jiménez replicó: “El  asunto del espionaje lo denunciaron periódicos del mismo Gobierno, incluido EL TELÉGRAFO, que denunciaron a inicios de este año que habrían tres personajes norteamericanos que estarían en Ecuador realizando espionaje a altos funcionarios o autoridades”.   

“No tenemos ningún equipo para espiar a nadie. La información que tengo es porque personas anónimas han llegado a mi oficina a dejarla”, dijo. Consultado sobre si ¿sus denuncias responden a revancha política contra el Gobierno o en función de país?, señaló: “He actuado con documentos y cumpliendo mi papel de legislador  desde 2009. Lo que he hecho no es contra nadie, sino contra la injusticia en el país”.

Respecto a que sus denuncias relacionadas con Foley Hoag y Chevron beneficiarían más a la petrolera y que podría tomarse en cuenta información privilegiada de autoridades ecuatorianas dentro del juicio RICO, dijo que eso no es así, ya que “quienes le hicieron un flaco favor al Estado son los actuales gobernantes y, sobre todo, funcionarios del Gobierno de Jamil Mahuad que firmaron actas de finiquito manifestando que Texaco (Chevron) no tendría ninguna responsabilidad ambiental porque todo habrían remediado. Entre ellos citó al actual vicealcalde de Quito, Jorge Albán; la actual fiscal subrogante Celia Armas, quien años atrás ordenó el archivo de la causa; y al ex ministro Wilson Pástor, de quien dijo: “¿Sabían que de 1988 a 1990, Pástor fue director financiero de la Chevron- Texaco, luego de lo cual pasó a ser director de la Unidad Petroamazonas”.

Respecto a la pregunta: ¿por qué en cambio no cita que en el Gobierno de Lucio Gutiérrez, con el cual colaboró Pachakutik, se firmó en 2003 un contrato entre Chevron y la empresa militar ecuatoriana Sepriv para dar alojamiento, protección y proporcionarle informes de inteligencia a funcionarios de la transnacional?, respondió: “Si usted revisa mis denuncias, yo no oculto y ni defiendo a nadie, todos son responsables”. Entonces incriminó al periodista: “¿Estamos debatiendo los dos? Si usted quiere debatir conmigo lo hacemos en cualquier medio de comunicación y que nos entreviste alguien independiente”.