La defensa de Fernando Villavicencio, quien junto al asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, es investigado por la supuesta divulgación de documentos interceptados ilegalmente, solicitó ayer a la Fiscalía General la devolución de todos los objetos y archivos que se incautaron la noche del 26 de diciembre, tras el allanamiento a su departamento en Quito.

“Hasta el momento no existe ningún proceso en contra de Villavicencio”, cuestionó su abogado, Ramiro García, tras afirmar que no han sido notificados sobre la indagación previa que se lleva adelante y que motivó la diligencia judicial.

Al respecto, el fiscal José Luis Jaramillo, delegado de la Fiscalía para ejecutar el allanamiento, explicó que la diligencia fue parte de un instrumento técnico en la investigación de un supuesto delito, el cual consta entre las atribuciones que le otorga la ley a la Fiscalía General del Estado.

Añadió que al tratarse de una acción restrictiva de derechos como es la inviolabilidad del domicilio, esta solamente puede ejecutarse por orden de un Juez de Garantías Penales, por lo que la orden provino del juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, por pedido del fiscal Galo Chiriboga con base en los artículos 35, 93 y 194 del Código de Procedimiento Penal, de manera que la diligencia fue “constitucional y legítima”.

El artículo 35, referente a los actos urgentes, señala: “En los casos de acción pública o de instancia particular, el Fiscal podrá realizar los actos urgentes que impidan la consumación del delito a los necesarios para conservar los elementos de prueba pero sin afectar los derechos del ofendido”.

El fiscal también precisó que para ingresar a los predios de la Legislatura es necesario el consentimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional, requisito que fue cumplido antes de allanar la oficina del legislador de oposición, Cléver Jiménez.

Del sitio la Fiscalía habría recogido tres computadoras para un análisis pericial. El jueves pasado, Jiménez admitió que los ordenadores contenían información de funcionarios del Gobierno que -según dijo- llega a su oficina de manera anónima. “Nosotros tenemos gente que se dedica a revisar y pedir información. Que se investigue a quienes se infiltran y entregan esa información, yo no he cometido ningún delito”, sostuvo.

El asambleísta de Pachakutik aseguró que no dispone de los conocimientos ni la tecnología para “hackear” una cuenta de correo electrónico y que si la información sigue en las computadoras él no ha cometido ningún delito.

En un conversatorio con los medios, el presidente Rafael Correa anunció que enjuiciará penalmente a Villavicencio y a Jiménez por el delito de posible divulgación o utilización fraudulenta de información protegida, la cual habría sido obtenida de su cuenta de correo electrónico y de otros altos funcionarios, hecho que fue denunciado por el secretario Jurídico, Alexis Mera.

Ese delito atenta contra el artículo 66, numeral 19, de la Constitución, que garantiza “el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter”.