El Proyecto de Ley Orgánica de Redistribución del Gasto Social enviado por el Ejecutivo la noche del jueves pasado a la Asamblea con el carácter de urgente en materia económica busca financiar el incremento de $ 35 a $ 50 en el Bono de Desarrollo Humano (BDH) a través de la aplicación de tributos.

Para hacerlo se plantea reformar cinco leyes: Régimen Tributario Interno, Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, General de Instituciones del Sistema Financiero, Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Soldario, y Creación del Servicio de Rentas Internas.

Entre los tributos que se propone crear están la ampliación de los parámetros del Impuesto de los Activos en el Exterior, incrementando su tarifa mensual al 0,25% para fondos disponibles en entidades extranjeras y de inversiones; y al 0,35% para subsidiarias ubicadas en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes. Además, aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios financieros (monto que cobran los bancos por mantener una cuenta o tarjetas de crédito).

También se  plantea que las instituciones financieras privadas ya no paguen solo el 15% del Impuesto a la Renta (IR) sino el 25% como el resto de ciudadanos. Ello porque actualmente se benefician de una reducción del 10% sobre el monto reinvertido en activos productivos. La eliminación del beneficio se da porque la banca presta un servicio de intermediación (acumula dinero y lo presta) y no es un área productiva.   

El texto también propone que las entidades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito paguen  un impuesto del 3% sobre  los ingresos gravables del ejercicio anterior. El titular del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, explicó que la reforma no es suficiente para financiar el monto requerido para elevar el BDH, pero  que se trata de un ingreso permanente.

El proyecto de ley también dispone transparentar la información de los clientes de la banca con el SRI, lo que fue justificado por Carrasco porque “se busca conocer  los ingresos reales de los contribuyentes”, pero aclaró que no se trata de requerir la información de los 7 millones de usuarios del sistema financiero, cuya confidencialidad forma parte de las responsabilidades de la banca para con la ciudadanía, sino de acuerdo al riesgo que presente cada contribuyente. “Pido tranquilidad, no se trata de perseguir, queremos realizar un control tributario adecuado”, dijo.

Citó como ejemplo que “a través del consumo con tarjetas de crédito, la administración tributaria sabrá cuánto se está gastando”. Y citó el artículo 106 del Régimen Tributario Interno, según el cual no existe  sigilo bancario para fines tributarios. “Desde hace tiempo requerimos información y la verdad es que el sistema bancario, a cuenta gotas, nos ha dado los mismos datos”, aseveró.

Para el catedrático Washington Aguirre, el proyecto persigue que las instituciones financieras “traigan los recursos que tienen en el exterior para financiar el crecimiento económico que requiere el país”. Y cree que la financiación del BDH es una tarea compartida “entre la banca, los usuarios del sistema y el Estado a través de la redistribución del Presupuesto General del Estado”.

Aguirre considera que eliminar la reducción del 10% al pago del IR y sumarle el cobro del 0,25% y el 0,35% a los activos que tienen en el exterior permitiría recaudar cerca de 200 millones de dólares, cuando lo que se requiere para incrementar el BDH son 240 millones de dólares.

El documento también propone que la Junta Bancaria  fije un monto máximo para las remuneraciones de los administradores de la banca. Para Aguirre, ello ameritaría una reforma al Código de Trabajo, pues señala que al tratarse de una actividad privada es potestativo de cada empresario disponer cuánto paga a sus colaboradores.

Por otro lado, el proyecto también contempla que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) pueda ser recuperado por los empresarios como crédito tributario para cubrir el pago del IR.

La devolución por parte del SRI se haría mediante la emisión de notas de crédito libremente negociables. Aquello responde al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa con el sector empresarial, en un encuentro efectuado el pasado 19 de agosto en Quito, donde le plantearon la necesidad de recuperar el ISD.

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