El objetivo de Chevron al introducir un escrito días previos al inicio del juicio bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) en la Corte Federal de Nueva York, con información interceptada ilegalmente a los correos electrónicos internos de funcionarios del Estado, entre ellos del presidente Rafael Correa, era “manchar al Gobierno”, dijo a la prensa Steven Dozinger, abogado estadounidense de los 30 mil afectados amazónicos por la contaminación ambiental.  

Dozinger, quien junto a los abogados estadounidenses y ecuatorianos y a los afectados afronta un juicio en donde se los procesa como si fueran mafiosos o una red delictiva que busca extorsionar a Chevron, explicó que los abogados de la transnacional introdujeron un escrito en la Corte de Nueva York aduciendo que “han salido de Ecuador algunos documentos que tendrían relación con el caso RICO”.

Sin embargo, al inspeccionar los documentos, el juez James Francis determinó que no tenían nada que ver con el caso, sino con otras cosas. Por ello descartó que sean revelados durante la diligencia judicial.     

Lo dicho por Dozinger se produce luego de que el lunes pasado el procurador general, Diego García, señaló: “Están siendo espiadas las autoridades y esa información que intentó ser utilizada en Nueva York, es parte de la información que pretende ser filtrada por el asambleísta opositor Cléver Jiménez (Pachakutik)”. García resaltó que los mensajes recogidos de forma ilegal al Gobierno ecuatoriano incluyen comunicaciones del mandatario, las cuales de manera inexplicable llegaron a una corte de Nueva York.

El espionaje  se conoció tras una denuncia presentada por Jiménez el 29 de octubre pasado, quien dijo que las autoridades contrataron a abogados para defender en varias oportunidades, ante las demandas internacionales, a ecuatorianos que antes trabajaron para la transnacional.  “La información es la misma que pretende ser filtrada a través de un boletín de prensa del legislador Cléver Jiménez”, adujo el procurador, a la vez que cuestionó al asambleísta por el origen y la forma como habría obtenido los datos, que se supone son reservados.

En igual sentido, el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, retó a Jiménez a revelar quién le dio información,obtenida mediante ‘hackeo’ a los correos electrónicos del mandatario  respecto a la transnacional.

Ayer, Jiménez rechazó que lo quieran vincular con espionaje y dijo: “Me quieren convertir en el Snowden de Zamora Chinchipe”.

Aceptó el reto de revelar la fuente que le entregó información confidencial, pero a cambio exige que el Gobierno le diga a Ecuador todo el contenido de los documentos reservados del caso Chevron, Petrochina y otros, y que no se tomen represalias jurídicas contra las fuentes que hicieron el ‘hackeo’.

Sin embargo, Mera adelantó que ya se estudian acciones legales (penales) en caso de que esa información, que se supone es confidencial,  sea difundida en el país o notarizada. Ante esto, Jiménez replicó ayer que, independientemente de que Mera acepte el reto, en los próximos días notarizará una amplia información.

“Eso es un delito. Me parece grave que Jiménez sea ahora un instrumento que coopere con Chevron. Un asambleísta de  izquierda, que dice defender la naturaleza y estar  contra la explotación petrolera, ahora es recadero de Chevron. Dice que tiene documentos y la payasada de que lo quieren matar”, añadió Mera.

Cree que Jiménez no tiene la capacidad de ‘hackear’ o interferir correos electrónicos, “pero tiene la capacidad de recibir los documentos de alguien relacionado con el tema Chevron, por lo que existe la posibilidad de que Chevron sea quien las haya ‘hackeado’. Esa transnacional tiene alcance internacional, tiene contactos con exagentes de la CIA, tiene acceso a la peor gente”.

Mera se refirió a lo sucedido en las cortes de Nueva York dentro del caso RICO. “Es terrible, vergonzoso, que la compañía use prácticas desleales y corruptas para querer hacer quedar mal a Ecuador y evitar pagar $ 19 mil millones de indemnización”.

Aclaró que las comunicaciones entre él y Correa que fueron filtradas son “ordinarias” y que tienen que ver con información sobre el caso, por lo que destacó: “No es que había nada allí secreto o ultrasecreto, eran noticias que salen sobre Chevron”.

Dozinger coincide en que los documentos que intentó introducir Chevron en el juicio ahora no significan nada, pero indicó que lo importante es conocer cómo se obtuvieron, pues para él  todo eso es muy sospechoso. Y fue más allá al señalar: “no sorprende que hayan salido a la luz documentos privados del Presidente de Ecuador, tomando en cuenta el contexto de espionaje que enfrenta ahora el Gobierno estadounidense”.

Según Dozinger, sus fuentes le revelaron que Chevron pretendía ofrecer dinero al Gobierno de Ecuador para que “desaparezca” en el caso Lago Agrio, lo cual  no ocurrió y la Corte de Sucumbíos, con base en investigaciones, determinó la afectación ambiental dejada por Texaco, cuyas acciones adquirió Chevron en 2001, así como la falta de remediación que afectó  la salud de miles de indígenas y colonos de la Amazonía.

Por ello la compañía fue condenada a pagar $19 mil millones, lo cual no ha cumplido y más bien decidió enjuiciar e iniciar una campaña de desprestigio contra los afectados, sus abogados y el Estado.

En ese objetivo, ha utilizado a abogados, periodistas, expertos y exjueces que manejaron el caso, entre ellos Alberto Guerra, quien a cambio de dinero y de vivir en EE.UU. decidió testificar a favor de Chevron, señalando mediante una declaración juramentada que los abogados de los afectados le ofrecieron $ 500 mil a cambio de emitir un fallo favorable y asegurar que la sentencia contra la petrolera se redactó fuera de la Corte de Sucumbíos, por los abogados de los amazónicos denunciantes y no por el juez  Nicolás Zambrano.

Sin embargo, en los últimos días durante la audiencia del juicio RICO, que inició el 15 de octubre pasado, Guerra cayó en contradicciones.

Según Michael D. Goldhaber, periodista de The Litigation Daily, el diálogo judicial entre el abogado de Chevron, Randy Mastro, y Guerra,  evidenció que el exjuez ecuatoriano  aceptó ser corrupto y cometer actos ilícitos, lo cual “le hizo caer en desgracia”. Mastro le hizo cinco preguntas clave  a  Guerra: “Mientras usted recibía $ 1.000  mensuales para escribir los casos civiles de (Nicolás) Zambrano, ¿entendía  que violaba las leyes ecuatorianas?”, ante lo cual Guerra respondió: “Sí señor”. “Mientras usted solicitaba coimas a los abogados de Chevron, ¿entendía que violaba las leyes ecuatorianas?”, y el exjuez contestó: “Sí señor”. “Al tiempo que solicitaba una coima por  $ 500.000 a cambio del fallo escrito por los mismos demandantes a su favor, ¿usted entendía que estaba violando las leyes ecuatorianas?”, ante lo cual reconoció: “Sí señor”.

Pero eso no es todo. Mastro le preguntó: “Cuando editó el fallo, que conocía que fue escrito por los demandantes de Lago Agrio, ¿usted entendía que estaba violando las leyes de Ecuador?”, frente a lo cual también admitió: “Sí señor”.

Para completar la “desgracia” -según el  periodista de The Litigation Daily- el propio juez de la Corte de Nueva York, Lewis Kaplan,  le miró a los ojos y le preguntó a Guerra: “¿Ha dicho usted la verdad en esta Corte?”, ante lo cual el exmagistrado ecuatoriano bajó la cabeza y tímidamente respondió: “Sí, señor”.

Entonces Kaplan le advirtió: “¿Entiende usted que puede ser perseguido por perjurio y pasar tiempo en la cárcel?”, y  Guerra respondió en voz baja: “Yo sé eso señor”.

Pese a lo ocurrido, Dozinger cree que este juicio “es más teatro de Chevron que algo real”. Estima que Kaplan es muy hostil con él y los ecuatorianos que denunciaron y le ganaron el juicio en Sucumbíos, por lo que no duda en decir: “Este juez es parcializado”, por lo que apelarán.

ZAMBRANO: “LA SENTENCIA LA ESCRIBÍ SOLO”

El exjuez de la Corte de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, quien condenó a la multinacional Chevron a pagar  19.000 millones de dólares por daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana, declaró el pasado martes que escribió solo la sentencia y defendió los argumentos de dicho fallo ante la Corte Federal de Nueva York, liderada por Lewis Kaplan, en el juicio RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations).

En el litigio entablado en 2010, en contra de los afectados de la contaminación dejada por la transnacional durante 28 años de operación en las provincias de Orellana y Sucumbíos, la petrolera alega que los ecuatorianos y sus abogados pertenecen a una organización delictiva que busca extorsionar a la empresa y  que la sentencia fue parte de un fraude.

Zambrano viajó a Nueva York para testificar contra la petrolera. Pablo Fajardo, abogado ecuatoriano y procurador común de los 30 mil indígenas y colonos afectados, denunció que al llegar a esa ciudad, Zambrano fue seguido y amenazado por seis personas, al parecer, pagadas por Chevron.

Randy Mastro, abogado de Chevron, durante la audiencia del martes pasado formuló preguntas a Zambrano sobre la veracidad de la sentencia dictada  hace más de dos años: 14 de febrero de 2011.

Sin embargo, Zambrano  insistió en reiteradas ocasiones en que fue él quien redactó el fallo de 188 páginas, que condenaba a Chevron a pagar $ 19.000 millones. “¿Usted afirma en su testimonio que nadie más escribió ninguna de las palabras de la sentencia?”, preguntó Mastro a Zambrano. “Sí”, respondió el exjuez a través de un traductor de la Corte.

Con esa demanda, Chevron busca que el juez Kaplan, que preside el proceso sin jurado, impida a los afectados obtener la indemnización en los tribunales de EE.UU.

Una victoria significaría un punto a favor para la compañía respecto  a los pedidos judiciales presentados por los ecuatorianos en otros países, para tratar de cobrar la indemnización donde la compañía tenga activos o bienes, ya que en Ecuador no tiene nada.

El testimonio de Zambrano se produjo días después de que el exjuez ecuatoriano, Alberto Guerra,  declarara a favor de Chevron, pero cayendo en ciertas contradicciones.

El martes pasado, Zambrano admitió que Guerra colaboró con él en algunos borradores de otros casos, pero negó  que lo haya hecho durante los 20 años del caso Chevron. También aclaró que no le pagó a Guerra por su ayuda en litigios ajenos al caso Chevron.

Por su parte, Steven Donziger, abogado estadounidense de los afectados, ha negado las acusaciones de soborno.

EL CAPITAL TIENE MÁS DERECHOS QUE EL HOMBRE

El presidente Rafael Correa, durante su intervención en la sede parisina de la Unesco, habló ayer sobre ‘La mano sucia de Chevron’ y recordó la campaña de desprestigio que la petrolera mantiene en contra de  Ecuador.

Además cuestionó que las transnacionales puedan presentar demandas en contra de un Estado sin haber agotado las instancias judiciales nacionales primero, como las que se ventilan en el Tribunal de La Haya y en Nueva York.

El Primer Mandatario criticó la forma como se aplicó la ley, retroactivamente, con respecto al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Ecuador, ya que entró en vigor cinco años después de que Chevron-Texaco dejara el país. “Es necesario denunciar al mundo cómo esos centros de arbitraje están absolutamente cooptados por las transnacionales, y cómo el capital tiene más derechos que los seres humanos”, declaró el presidente Correa.