La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) recibe  en audiencia, hoy,  a los representantes del Estado ecuatoriano y de la comunidad indígena  Sarayaku  para resolver la demanda presentada por los habitantes en contra de la actividad petrolera realizada en su territorio, sin consulta previa.

La audiencia se realizará en San José de Costa Rica, en donde intervendrán  las partes con testimonios de testigos, conclusiones de los peritajes e informes de relatoría de organismos de derechos humanos.
Sarayaku significa Río de Maíz. La comunidad está ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, a orillas del río Bobonaza. 

En 1996 la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) obtuvo la concesión del bloque petrolero 23, que abarcó el 60% del territorio Sarayaku, sin consulta o consentimiento previo de la población. En  2002 y 2003, empleados, acompañados de guardias de seguridad de CGC, ingresaron  a realizar trabajos de sísmica para explorar en el territorio, por lo cual  utilizaron pentolita (explosivos).

La CorteIDH, en  2005, expidió una resolución a favor de la comunidad  que fue acatada por el Estado en el primer semestre de 2007. En abril de 2009,  Derlis Palacios, entonces  ministro de Minas y Petróleos,  dispuso reanudar las actividades según  la resolución del Consejo de Administración de Petroecuador.

En el oficio  también se ofreció “el apoyo necesario para lograr condiciones razonables de seguridad en el área”, para que la empresa cumpla con las obligaciones contractuales.

La respuesta de CGC, a través de su vocero Diego Sherriff, fue que la operación es inviable por lo que solicitaron una salida negociada del país y la devolución de 30 millones de dólares por la inversión realizada.

Alberto Acosta, perito del caso,   dijo que  según  una información  del Ministerio de Energía y Minas, el cual presidió el primer semestre de  2007, hay 476 puntos en el territorio Sarayaku, donde la CGC colocó, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kilogramos de pentolita. Hay 1.433 kilogramos de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad sin determinar abandonada en la  selva de Sarayaku, en  lugares de caza,  “donde hasta niños, niñas y jóvenes transitan en busca del sustento”.    

Mario Melo, abogado de los Sarayaku, explicó  que en 2002, cuando iniciaron las actividades exploratorias, la comunidad interpuso un recurso de amparo ante un juez de Puyo. La primera providencia dispuso suspender las actividades. “Luego de manera injustificable dejó de tramitar la causa, pues ni siquiera llegó a citar a los demandados y hasta ahora, luego de 9 años, no ha llegado a una resolución”. Entonces el caso fue a la CorteIDH en 2003.

Acosta, en su peritaje, concluye que la actividad petrolera de CGC  “contaba con el respaldo, incluso armado del Estado, que se dio sin haber realizado la consulta previa a dicha comunidad,   como ordenaban las leyes vigentes”.  
Melo solicitará que  se declare que los derechos de la comunidad fueron violados por el ingreso inconsulto de la actividad petrolera. “Que el Estado garantice, mediante políticas públicas y legislación clara,  que nunca más se repita el hecho de que una empresa petrolera, minera o cualquier proyecto de desarrollo, ingrese a territorios indígenas sin informar, sin consultar y sin obtener el consentimiento del pueblo”.