La asambleísta María Augusta Calle no descarta una acción judicial en contra de las personas, que durante los últimos cinco años la acusaron de tener vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).        

El pasado 14 de febrero, la fiscalía colombiana desechó la investigación que inició contra la parlamentaria ecuatoriana. La entidad determinó que “no se encontraron pruebas suficientes para iniciar un sumario y así poner en marcha un aparato legal, si la misma no va acompañada de pruebas que conduzcan a la demostración de una conducta punible”.               

Este proceso se abrió el 21 de mayo de 2008. En ese entonces la Fiscalía de Jueces del Circuito Especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Colombia señaló que luego de obtener información, a través de circuitos electrónicos, computadoras portátiles y memorias extraíbles determinó una presunta vinculación de la asambleísta ecuatoriana con las FARC. La información provino de los computadores de Raúl Reyes, el líder guerrillero abatido en Ecuador.

Mario Iguarán, fiscal general de Colombia, pidió una indagación previa para Calle y otros 11 extranjeros más. Eran los tiempos de Álvaro Uribe y habían pasado solo dos meses del bombardeo colombiano en Sucumbíos que ocasionó el rompimiento de las relaciones diplomáticas entre Quito y Bogotá.  

Militares colombianos se llevaron el cuerpo de Reyes y las computadoras que sustentaron la investigación. “En los primeros seis meses no encontraron nada, no tenían  ningún elemento probatorio. Así, la Procuraduría de Colombia pide que cierren mi proceso, pero la Fiscalía solicita seis meses más para investigaciones, esto sucedió en 2009, pero se tomaron cuatro años más, de esos 180 días (plazo reglamentario que permite la ley de ese país)”, cuenta Calle.

Durante ese lapso las autoridades del país del norte revisaron 486.002 direcciones de correos electrónicos. También registraron 34 unidades de almacenamiento  incautadas. “No encontraron nada que pueda comprometerme”, afirma la asambleísta reelecta.      

La Fiscalía colombiana pidió a su contraparte ecuatoriana, presidida en aquel momento por Washington Pesántez, que investigue las transacciones bancarias de la parlamentaria. Esa información fue enviada a Bogotá. Tengo una única cuenta -señala Calle- y tampoco encontraron ninguna anomalía.      

Frente a eso, la fiscalía de Colombia resuelve “proferir una resolución inhibitoria” que implica que a la asambleísta no se le puede iniciar ningún juicio debido a la  falta de pruebas.  

El presidente Rafael Correa informó el desenlace del caso en el enlace ciudadano del sábado pasado. Allí acusó a los medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros, de emitir sentencia contra Calle.   

Ella considera que fue linchada mediáticamente puesto que diarios y canales de televisión, durante varias semanas, realizaron reportajes y entrevistas en las que se relacionaba a Calle con el grupo guerrillero.

Se publicaron titulares como “La ecuatoriana María Augusta Calle tendría presuntos nexos con las FARC” o “Inteligencia estableció cinco colaboradores de las FARC”.  

Frente a la decisión de la fiscalía colombiana, Correa se solidarizó con su coidearia. Dijo que fue una infamia más luego del ataque armado en Angostura y arremetió contra el mal ejercicio de la prensa.  

Calle tiene los registros de medios de comunicación que por más de un año la acusaron. Recordó que la asambleísta Cynthia Viteri, cuando presentó su proyecto de Código de Ética Legislativa, también la acusó. Para la legisladora de PAIS eso justamente es falta de ética.

Fueron 70 las rectificaciones que la parlamentaria solicitó a los medios de comunicación ecuatorianos, pero ninguno accedió. “Quisiera tomar otras medidas, pero hay un plazo para realizar una acusación, todo esto lo consultaré con mi abogado”, aclara ahora Calle.

Dentro del proceso de indagación enviado por la Fiscalía colombiana también fueron investigados varios activistas latinoamericanos, pues la entidad judicial aseguró que nombres como Iván Larrea, James Jones, entre otros, fueron encontrados en las computadoras del ex secretario del grupo insurgente. Dicha instancia judicial abrió 11 expedientes para analizar los nexos de estas personas con la guerrilla.