Las autoridades del colegio Mejía estudian la situación de los jóvenes que participaron en las movilizaciones del 18 de septiembre. Luego de conocerse el informe se decidirá si los estudiantes pueden retornar a su jornada estudiantil.

Hasta tanto, un grupo de 10 padres de familia iniciaron una huelga de hambre, en los exteriores del plantel educativo. Piden la reinserción de sus hijos a la jornada estudiantil.

"No es posible que nuestros hijos queden fuera de la institución, cuando, este es el último año de mi hijo, vamos a estar aquí", dijo Julio Saquipay.

Saquipay señaló que esperan que más padres de familia se unan a su lucha para que los jóvenes regresen a la institución.

Hasta el momento, Francisca Herdoiza, subsecretaría de Educación descartó que se haya aceptado la renuncia del rector, Jaime Torres. 

Calificó como un "mal entendido" a la renuncia de Torres, a quien se le pidió un informe sobre la situación de los estudiantes. 

Herdoiza explicó que los jóvenes reciben tutorías en su casa, mientras se resuelve el informe disciplinario a cargo de las autoridades. 

Detalló que la junta de resolución de conflictos aún analiza las medidas disciplinarias para los jóvenes que participaron en las manifestaciones. 

En el caso de los estudiantes del colegio Montúfar, la subsecretaria detalló que ya se fijó sanciones a 10 jóvenes, algunos con suspensión y otros ingresarán a otros planteles. Se explicó que las sanciones están contempladas en la Ley de Educación. 

Los estudiantes fueron detenidos el pasado 18 de septiembre por protagonizar protestas violentas.

En este caso, el 3 de octubre, la jueza Marcela Mayorga sentenció a 2 meses de prisión a 16 sindicados como autores del delito de daño a bien ajeno, tipificado en el artículo 204 del COIP.

Dentro de la misma causa, otros 38 acusados en el grado de cómplices, recibieron una pena de 1 mes de prisión, pero fue suspendida a cambio de trabajo comunitario, pago de $ 60 para cubrir los daños ocasionados y la prohibición de reincidir en actos similares por 2 años.

La protesta callejera motivó la captura de 60 personas, la mayoría estudiantes del mencionado plantel. El fiscal Javier Bosquez aceptó procesar el caso como un juicio abreviado, ya que los implicados aceptaron su responsabilidad, lo que los benefició con una pena más benigna.