Una auditoría de la Contraloría General a los trabajos de remediación ambiental que debía realizar Texaco (Chevron) determinó que no se cumplieron o se hizo algo y mal. Sin embargo, en 2007 el exfiscal distrital de Pichincha, Washington Pesántez, no encontró indicios de responsabilidad penal para abrir una instrucción fiscal  contra  funcionarios del gobierno de Jamil Mahuad y de la petrolera, por lo que ratificó la desestimación de la denuncia.

Pesántez y los fiscales que estuvieron a cargo del caso, supuestamente no encontraron elementos de convicción, pese al evidente daño ambiental y la afectación a la salud de miles de indígenas y colonos amazónicos, a causa de la contaminación provocada por  la petrolera.

La conclusión fiscal, firmada por Pesántez (ver facsímil), reposa en el Juzgado Tercero de lo Penal de Sucumbíos, jurisdicción en donde se cometió el delito ambiental. Allí, en base a la versión de los mismos exfuncionarios de Mahuad, se afirma que no se encontraron indicios de responsabilidad porque “los trabajos de reparación ambiental de la firma Texpet, filial de Texaco Company, se cumplieron a cabalidad”.

Según Pesántez, quien se ampara en el Acta Final de 1998, firmada en el régimen de Mahuad con respecto a los supuestos trabajos de remediación, el Ministerio Fiscal consideró que, revisado el expediente del denunciante Genaro Peña, en su calidad de Contralor General subrogante, no aporta elementos de juicio en los daños presuntamente causados por Texaco, que tiene relación con las operaciones de producción de petróleo que se han ocasionado en el Oriente Ecuatoriano (Amazonía)”.

La denuncia de Peña se basó en una auditoría al contrato de remediación suscrito en 1995.A decir de Pesántez, quien después fue Fiscal General del Estado, “esto se corrobora con el informe del examen especial de auditoría de la Contraloría, en el cual quedó demostrado que no existen indicios de responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal  contra los funcionarios del Gobierno del Ecuador, representados por el Ministerio de Energía y Minas; Petroecuador, Petroproducción y los representantes de Texaco, respecto a daños ambientales que se habrían ocasionado en la Amazonía. Es decir que de los informes técnicos elaborados por la Facultad de Geología y Minas de la Universidad Central se estableció que Texaco sí cumplió con las exigencias previstas y determinadas en el contrato que celebraron el Gobierno ecuatoriano y los representantes de la firma Texpet-Texaco”.

Lo avalado por Pesántez se basa en el Acta Final suscrita el 30 de septiembre de 1998, documento en el cual se liberó de responsabilidades y demandas relacionadas con las obligaciones adquiridas por la firma Texpet en el citado contrato, trabajos de reparación ambiental que la firma Texpet sí cumplió a cabalidad; no pudiéndose determinar el ilícito denunciado por el Contralor, cuales son los delitos ambientales que Texpet ha cometido”.

1998 fue el año en que se firmó el Acta Final que liberó de toda obligación y responsabilidad a Texaco-Chevron.Es entonces que Pesántez argumenta que “si tomamos en cuenta como referencia que los delitos en contra del medio ambiente son de acción pública reprimidos con pena de prisión, estaríamos frente a un delito que ya prescribió, como afirmativamente así lo dice en su versión el ministro de Energía y Minas de esa época, y ante la imposibilidad de sancionar a persona alguna por una actuación u omisión que al momento en que se han efectuado los trabajos hidrocarburíferos no se encontraba tipificado como delito”.

Frente a todo ello, Pesántez señaló: “Al no existir datos relevantes sobre la existencia de un acto doloso, considero que no hay suficientes elementos de convicción para promover instrucción fiscal contra persona alguna en los hechos denunciados por el Contralor, por lo que ratifico la desestimación solicitada por el fiscal de primer nivel, materia de la consulta”.

La denuncia de Peña se basó en un prolijo examen especial al contrato para la ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas, celebrado el 4 de mayo de 1995 (en el gobierno de Sixto Durán Ballén), entre el Ministerio de Energía y Minas, el presidente ejecutivo de Petroecuador y el vicepresidente de Texaco Petroleum Company Texpet (cuyas acciones adquirió Chevron en 2001).

Tal auditoría de la Contraloría fue realizada en el período comprendido del 4 de mayo de 1995 al 31 de agosto de 2001, tomando en cuenta como antecedente que el contrato celebrado entre las partes debía solucionar el daño ambiental y social causado en la Amazonía.

En el período auditado, la Contraloría realizó varias inspecciones a los supuestos trabajos de remediación, determinándose que no se cumplieron con todos los trabajos estipulados en los compromisos suscritos. Es decir, según la auditoría: “Los daños ambientales causados por el patrón tecnológico aplicado por Texaco en las operaciones hidrocarburíferas son económicamente muy elevados, por lo que es difícil y a veces imposible repararlos, por lo que el objeto del contrato solo se orientó a remediar una parte de las afectaciones”.

Añade que el alcance de los trabajos y plan de reparación ambiental fueron elaborados con omisiones y deficiencias técnicas y legales, lo que trajo como consecuencia que su ejecución no sea la correcta y, por ende, queden afectados gravemente el medio ambiente y en especial los intereses del Estado. El tratamiento de aguas residuales y la limpieza de las piscinas, plataformas y derrames en pantanos, esteros y ríos han incumplido las Regulaciones Ambientales para las actividades hidrocarburíferas.