El motivo del encuentro que tuvo ayer el presidente Rafael Correa con los 53 asambleístas del Movimiento PAIS  tuvo un objetivo concreto. “Mejorar la   coordinación del bloque y el Ejecutivo para el tratamiento de leyes”, dijo Juan Carlos Cassinelli, vicepresidente de la Asamblea.

Él habló de “fallas” en la comunicación con la Presidencia  que se manifestaron con “sorpresas”, como el  veto que recibió la Ley Orgánica de la Función Legislativa “en la que pensábamos que había un consenso con el  Ejecutivo”.

Para Cassinelli, el problema no va por la organización con la bancada que está a cargo de la ministra de Coordinación de la Política, Betty Tola. Tampoco  culpa a los  coordinadores (Celso Maldonado, Ángel Vilema, Marisol Peñafiel, Zobeida Gudiño y  Paola Pabón), sino que más bien se pregunta “¿por qué si hay  puntos de coincidencias luego vienen vetos?”.   

Fernando Bustamante no logró responder esta interrogante. El legislador considera que es necesario perfeccionar los mecanismos de diálogo   para lograr consistencia entre el   Ejecutivo y la bancada de PAIS, eso como una ayuda para  solucionar los conflictos.

Por su parte,  Gastón Gagliardo aseguró que entre las “fallas” que han encontrado están la “falta de comunicación y de un diálogo directo sin intermediarios, porque cuando  hay intermediarios, esto como que no fluye”. Pero reiteró que el problema no viene por los coordinadores de la bancada.   “Es un tema de con quién se coordina para que el Presidente tenga conocimiento sobre algunas leyes”, aclaró.

Contó que, por ejemplo, en  el caso del veto a la Ley Orgánica de la Función Legislativa no hubo  una sola reunión previa para analizar ese tema, “y las consecuencias de ello   vimos después”.

Sin embargo, Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, señaló que  el veto a esa ley  “fue impuesto por la oposición, 87 artículos  de la oposición y dos del Gobierno, y no puede ser que el Presidente hasta a la oposición tenga que hacerle caso”.

Mera indicó que en el encuentro se analizaron las leyes que  el Ejecutivo quiere impulsar desde el Gobierno con su  bloque de asambleístas. “Lo importante es hacer una revisión de lo prioritario y de allí se verán las estrategias para conseguir  los votos”, comentó.

El jurista dijo que la Ley de Comunicación preocupa más a los medios, mientras que al Gobierno se interesa por la Ley de los  Consejos de Igualdad -que está lista para enviarla a la Asamblea-, el Código  Penal  y las  leyes de Cultura, Agua y Tierra.

Sobre este tema,  Cassinelli tiene  fechas tentativas  para la aprobación de varias leyes. Por ejemplo, indicó que la  Ley de Comunicación, en la que  se logró  consenso en la mayoría de los articulados, se podría votar en la última  semana de mayo.

La Comisión de Justicia remitirá esta   semana un informe para  primer debate del Código Penal Integral-que ya estaría listo- pese a que son  más de 1.000 artículos, y  que su aprobación les  va tomar un tiempo “porque se deben   incorporar observaciones. Es una ley bastante voluminosa”.

Irina Cabezas, en cambio, considera que  la aprobación de  leyes, como las de Agua y Tierra, debe ser inmediata.  En el caso de  la Ley de Tierras, al ser un proyecto de iniciativa ciudadana, la Asamblea solo tiene 180 días (seis meses) para aprobarla. Y es que  la ley establece 45 días para que se cuente con un informe para primer debate.     

En el encuentro también se trató sobre la  Ley de Regulación de Crédito para Vivienda y Vehículos,  que se aprobó  el 8 de marzo.  Mera dijo que  se analizarán los  requerimientos  de la Asociación de Bancos antes de tomar una resolución.