“Nos teníamos que graduar en 2010, pero después de dar los exámenes de grado todo el proceso se retrasó. Primero decían que reprobamos y luego que sí pasamos. Incluso, el ingeniero Manuel Bohórquez nos tomó la última prueba. Él era el dueño y rector de la institución”, contó Nelson Chicaiza, exalumno de la Unidad Educativa Particular a Distancia Juan Montalvo, de Pifo.

El colegio recibía cada sábado, de 13:00 a 18:00, 80 estudiantes del ciclo básico y bachillerato en Contabilidad y Ciencias Sociales, relató el joven, quien hoy mira indignado su foto portando el estandarte nacional en el juramento a la bandera efectuado en el estadio de Pifo. Ni el plantel ni el acto estaban avalados por el Ministerio de Educación.

Dijo que cuando cumplió 23 años, en 2006, decidió retomar estudios y se matriculó en el plantel de Pifo por ser el más cercano a su domicilio, en la parroquia de Checa. Según el supuesto módulo a distancia, dos años eran equiparables al ciclo básico y dos años más al bachillerato, por lo que no tenían vacaciones. Tras cuatro años de estudio, el joven rindió los exámenes de grado en Contabilidad, pero hasta hoy reclama su título de bachiller.

El plantel cerró en 2011 ante el asombro de los vecinos, pues allí mismo funcionaba, de lunes a viernes, la escuela San Sebastián de Pifo, también del concejal Bohórquez. “Cerró hace casi tres años, ahora allí arriendan varias familias”, dijo el dueño de una tienda aledaña.

Ante la presión e indignación de los ‘graduados’, los profesores decían que ciertos trámites no podían legalizarse en Quito y que esperaran. Según Chicaiza, los títulos entregados a sus compañeros de promociones anteriores salían refrendados en la provincia de Orellana, aunque estudiaban en Pifo. Por eso, el argumento para calmarlos era que esta vez los sellos serían de Pichincha y que eso demoraba.

Pero la paciencia terminó el 14 de enero pasado cuando Chicaiza enfrentó al concejal en su despacho en el Municipio y exigió el documento. Bohórquez le dijo que todos los archivos del plantel los entregó a Segundo Marcillo Yumiceba, el rector del colegio a distancia Juan Montalvo, de Quito (matriz), entonces ubicado entre las calles Venezuela y Loja, pero que hoy es una cafetería.

Luego, el concejal se ‘lavó las manos’ enviándolo con Rosa Núñez, su asesora en el Municipio hasta 2012 y exalumna del plantel cerrado, según los registros notariados que ella entregó a Chicaiza. En la nómina general de trabajadores del Cabildo, correspondiente a 2010, consta que Núñez recibía un salario de $ 1.030, información corroborada en el portal del Servicio de Rentas Internas.

En la Notaría Vigésima Tercera de Quito reposa el convenio interinstitucional entre la Unidad Educativa Juan Montalvo, representada por Marcillo, y la tutoría de la Unidad Educativa Juan Montalvo a distancia, de Pifo, coordinada por Pedro Garzón Simba. El documento se firmó el 16 de septiembre de 2011.

Chicaiza corroboró que en el Distrito 4 del Ministerio de Educación hay carpetas del colegio Juan Montalvo, pero son investigadas para ver si las aprueban o no. “Estoy preocupado porque no sé si mi nombre consta allí, ya que hay un montón de tutoriales del mismo colegio en Machachi, Valle de los Chillos, del Oriente...”, indicó.

Dos exasesores del concejal laboraban en su colegio
Para el presidente de la junta parroquial de Pifo y candidato a la reelección por Sociedad Patriótica, Daniel Salazar, las denuncias sobre la ilegalidad del colegio Juan Montalvo son desconocidas y ni siquiera recuerda la existencia del plantel, pero conoce que Bohórquez, su compañero de partido, tenía una escuela que cerró hace dos años.

Sin embargo, una exprofesora, quien pidió no ser citada, dijo que Patricia Villamarín, esposa de Bohórquez, la contrató con un salario de $ 220 mensuales y la promesa de que más adelante la afiliaría al IESS, pero finalmente optaron por un contrato de servicios profesionales. Ella y sus compañeros tampoco recibían décimos ni utilidades.

Según la mujer: “En la Dirección de Educación una persona le facilitó a Bohórquez los módulos de otro colegio para que los copiara. El plantel se llamaba Juan Montalvo. Por eso enviábamos los títulos a Orellana para que los legalizaran, allá alguien le ayudaba. Después conoció a Segundo Marcillo e hicieron un trato”.

Relató que el rector de la institución matriz tenía un problema con la construcción del plantel, pero Bohórquez, como titular de la Comisión de Áreas Históricas del Distrito Metropolitano, le habría propuesto facilitarle el permiso municipal, a cambio de ‘legalizar’ el colegio. Así, Pedro Garzón -quien al igual que Núñez estuvo enrolado en el Municipio hasta 2012 como asesor de Bohórquez con un salario mensual de $ 2.745- asumió como rector encargado en Pifo el 13 de septiembre de 2011, mientras él ejercía la concejalía.

Gladys Ortega (40 años), otra exalumna del supuesto plantel, expresó que a la esposa del concejal le pagaba: $ 20 de pensión mensual, $ 14 por módulo y $ 25 por uniforme. Y con el afán de graduarse pagó a profesores particulares para aprobar los exámenes de grado. “Hojas membretadas con preguntas de asignaturas que jamás recibimos”, dijo.

La misma situación atraviesan los exalumnos de los tutoriales en Santo Domingo, Tulcán e Ibarra, cuyas denuncias fueron recogidas por los diarios La Hora y El Norte, entre 2010 y 2012.

En el portal web de la Corte Provincial de Pichincha reposan demandas contra Marcillo, interpuestas por los padres de los alumnos, y otras por haberes laborales pendientes relacionados con la institución. Asimismo, Bohórquez y su esposa tienen denuncias por haberes laborales impagos vinculados con la tutorial.

LEA MAÑANA

La esposa de Bohórquez, Patricia Villamarín,  arrendó cada aula del antiguo colegio como departamento.