La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante los cuatro años de su gestión trató 23 juicios políticos e inició siete procesos de fiscalización.

En el ámbito de las comparecencias, la comisión recibió a 308 funcionarios y sesionó en 113 ocasiones. La comisión abrió un nuevo proceso en el ámbito de la fiscalización, a partir de  2006, puesto que la mesa se constituyó a la par de la Asamblea que nacía luego del proceso constituyente.

Nuevas leyes surgen como mandato de la Carta Magna recién aprobada, esto implicó que la comisión instaurara nuevos procedimientos de fiscalización, como el control político que lo asumen los asambleístas y los procesos de enjuiciamiento político que son tratados por la comisión directamente.

Los casos por los que funcionarios del Gobierno fueron llamados a juicio son: la renegociación de contratos petroleros, el proceso de cambio educativo, la reestructuración de la justicia, los cambios en las políticas de salud, seguridad y al interior de las Fuerzas Armadas.

Algunos juicios políticos fueron contra Gloria Sabando, Javier Ponce, Washington Pesántez, Raúl Vallejo, David Chiriboga, José Serrano, Gloria Vidal, Ximena Ponce, Paulo Rodríguez y Wilson Pástor. Solo fueron enviados al pleno el de Sabando y el de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura.

Para la presidenta de la comisión, Silvia Salgado, esta instancia se sintoniza con la voluntad política de los ecuatorianos en los diferentes temas y cuando han sido cuestionados por los juicios políticos ha prevalecido ante todo el interés público. “Siempre será la intención de la oposición, que no está  de acuerdo con el plan de Gobierno Nacional, la obstrucción del mismo a través de los juicios políticos”, señaló Salgado.

Son dos los procedimientos que permiten un juicio político: debe constar la firma de los parlamentarios demandantes y las pruebas correspondientes. El enjuiciamiento político procederá siempre y cuando la solicitud cuente al menos con una cuarta parte de los miembros del Legislativo.

El 90% de juicios políticos fue solicitado por legisladores de la oposición, entre ellos: Galo Lara y Fernando Aguirre (PSP), Andrés Páez (ID), Abdalá Bucaram (PRE), Jorge Escala y Ramiro Terán (MPD), César Montúfar (Concertación Nacional), Línder Altafuya (Pachakutik) y Nivea Vélez (Independiente).

En total, esta comisión archivó o no dio paso a 14 pedidos de juicio, puesto que el procedimiento para aprobar un pedido se maneja a partir de la valoración política o sustanciación de la demanda. Además, en este tiempo no se sustanciaron tres juicios: contra Jorge Marún, Patricio Rivera y Richard Espinosa.

Salgado explicó que los funcionarios del Gobierno no son sujetos de juicio político y señaló que la oposición no comprende este procedimiento y pidió, sin ampararse correctamente en la ley, su destitución a través de esta garantía.

En el caso de Control Político, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) determina, en el artículo 74, que “le corresponde la fiscalización y el control político a los asambleístas, a las comisiones especializadas y al pleno de la Asamblea”.

La mesa no archivó ninguno de los siete pedidos de control, todos fueron puestos en manos de las autoridades de justicia, en estos casos, la Contraloría General del Estado y La Fiscalía. El último proceso abierto de control político fue sobre el crédito de 800 millones de dólares otorgado al empresario argentino Gastón Duzac por el caso Banco Cofiec, que fue remitido a la Fiscalía General del Estado. El caso se encuentra en indagación previa.

Visiones distintas

El tratamiento de fiscalización y juicio político de la Asamblea fue percibido de manera distinta por parte de los legisladores. Para los asambleístas de PAIS este proceso se cumplió con efectividad, para los parlamentarios de la oposición este procedimiento tuvo muchas contradicciones.

Gabriel Rivera, de movimiento PAIS, dijo que su bloque trató de fiscalizar con seriedad e indicó que fiscalizar no necesariamente es un juicio político. “Ahora concebimos la fiscalización de una manera diferente, ya no es sinónimo de chantaje, ni de circo o de plataforma para los candidatos. Hoy, existe un cambio muy significativo, porque es un proceso responsable y da la cara a los intereses del país”, aseguró el parlamentario.

Pero Tito Nilton Mendoza, legislador independiente, cuestionó este procedimiento, para él la fiscalización estuvo supeditada a la mayoría oficialista que no dejó pasar algunos juicios políticos.

En este contexto, el analista Felipe Burbano  dijo que en estos cuatro años hubo poca fiscalización, pues una de las consecuencias fue que el bloque oficialista controló la instancia legislativa. Según Burbano, esto le permitió al Ejecutivo bloquear las iniciativas de fiscalización. “Puede ser que haya una cierta espectacularidad y un afán de protagonismo en los períodos de juicio político, pero eso es parte del juego político, a pesar de ello no se puede bloquear o parar las causas de fiscalización, hay que dar paso, para que estos sean transparentes”.

Pero el sociólogo Hernán Reyes consideró que la Asamblea Nacional tiene una deuda con el proceso de fiscalización. Aseguró que en el tema de fiscalización, la Asamblea ha realizado algunas mejoras, en lo que se refiere a procedimiento, pues dejó de ser la tribuna política de los asambleístas y de la misma manera, organizó mejor las instancias por las cuales pasan los procesos.

No obstante, dijo que su preocupación fue el tema de la investigación a los funcionarios, pues muchos de los petitorios no llegaron a su aprobación y cree que esto se podría complicar  más por la mayoría de PAIS y dijo que el bloque del ofcialismo tiende a subordinarse al Ejecutivo. “Ahora PAIS debe dar muestras de que está decidido a que la función fiscalizadora se respete y el Ejecutivo debería tener más distancia de las decisiones de la Asamblea. Ahora con la mayoría es necesario fiscalizar acciones del Gobierno”.