Los ex funcionarios de las universidades clausuradas, detenidos la tarde del jueves por la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIA), fueron trasladados hasta el Centro de Detención Provisional (CDP), luego de que el juez Vigésimo Primero, Carlos Erazo, dictara orden de prisión contra los involucrados.

La audiencia de formulación de cargos por delito de estafa, se dio la madrugada del viernes. El fiscal Byron Granda indicó que los miembros del Consejo de Educación Superior denunciaron que las escuelas y universidades categoría “E” tienen prohibido ofertar nuevos programas académicos y cursos de postgrado, es decir matricular a estudiantes para que inicien un nuevo ciclo.

Esto debido al informe del Conea, emitido en octubre de 2010, el cual estableció que las condiciones en las que se imparten los programas académicos son insuficientes. Y especifica que toda matrícula realizada en los primeros años o su equivalente a tercer nivel, es ilegal. 

Gustavo Pilco, padre de dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Quito (UNAQ), denunció en septiembre de 2011 que la entidad no le quiso devolver la cantidad de $ 1.000, dinero que depositó por la matrícula de sus hijos.

Vicente Rojas, rector de la UNAQ, respondió que las matrículas fueron legales. La Fiscalía alegó que la institución educativa infringió la ley de manera dolosa, inscribiendo a 1.621 alumnos en diversas carreras para el período 2011-2012.

El fiscal recalcó que las autoridades a sabiendas de una prohibición legal ha incurrido en el cometimiento de un presunto delito de acción pública, beneficiándose de manera fraudulenta y provocando una defraudación masiva.

Un informe pericial ejecutado por el Consejo de la Judicatura estableció que en octubre de 2010 a abril de 2012 en los cursos propedéuticos se inscribieron 3.307 alumnos, quienes cancelaron un total de 253.000 dólares.

Los comprobantes, facturas y depósitos de pagos se centralizaban en Vicente Rojas, dueño de la universidad, que, según una factura emitida en enero de 2011, cobraba 120.000 dólares por concepto de servicios educacionales, mientras que su ingreso mensual era de 1.950 dólares.

Se determinó que en los roles de pago constan personas que nunca han trabajado en la universidad. De igual manera, que Washington Rojas consta como vicerrector, pero reside  en Estados Unidos.

Manuel Jiménez, padre de una estudiante de la Universidad Javeriana, también suspendida, explicó que pagó 300 dólares por la matrícula en la carrera de Fisioterapia, luego de que fuera cerrada la institución él y varios padres de familia se acercaron a pedir que le devolvieran el dinero y la documentación de sus hijos.

Sin embargo, a Manuel únicamente le entregaron los documentos del colegio de su hija. Un funcionario de la institución, Alexis Benavides, indicó que su hija deberá iniciar la carrera en otra universidad. Y que los más de 3.000 dólares que pagó en tres años le serán devueltos, pero no dijo cuándo.