Habían transcurrido 18 años desde el retorno a la democracia (1979) y era la primera vez que en Ecuador se recurría al interinazgo como una salida forzada para acabar con la inestabilidad política, económica y social, legado del gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz (PRE).

El 11 de febrero de 1997, el Congreso Nacional designó a Fabián Alarcón Rivera (Frente Radical Alfarista, FRA) como Presidente Interino, una figura no existente en la Carta Magna de 1978, dejando así desplazada a la vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga.

De los 82 diputados, 52 lo eligieron porque “no representaba ningún riesgo para las organizaciones políticas que lo apoyaban en el Parlamento”. Así lo rememora Juan Paz y Miño, expresidente de la Asociación de Historiadores Ecuatorianos, quien recalca que el Partido Social Cristiano (PSC) y la Democracia Popular (DP) lo respaldaron.

“Él (Fabián Alarcón) sabía cómo jugar, tanto así que dirigió el Congreso Nacional y, posteriormente, consiguió el apoyo de las fuerzas políticas para ser el Presidente Interino. Y eso que en el Parlamento solo había otro miembro del FRA”.

Bucaram le decía traidor; mientras que sus copartidarios lo calificaban de hábil negociador. Arteaga, por su parte, sostenía que era un político ambicioso. Pese a todos los epítetos, el que más destacó fue ‘Cinturita’ porque siempre estaba al “servicio de las organizaciones políticas que lo respaldaron” y también “sabía cómo moverse para satisfacer sus ambiciones personales”.

Su ideal, según Paz y Miño, era ocupar un alto cargo en la política ecuatoriana. El 25 de mayo de 1997 realizó un referéndum para que el pueblo lo ratificara como Presidente Constitucional Interino y, además, convocar a la Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de 1978.

El historiador Pedro Reino Garcés considera que las reformas a la Carta Magna generaron que “la gente se sintiera en el limbo y creyera que con leyes y constituciones iban a componer su mundo de  ilusiones”. Sin embargo, el pueblo se desencantó con el transcurso de los meses cuando se inició una serie de huelgas que paralizaron la  economía y el desarrollo del país. (I)

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El hecho relevante

La consulta popular de 1997 aprobó la puesta en marcha de una nueva Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente, que funcionó a partir del 20 de diciembre de 1997, ejerció sus tareas desde la población de Sangolquí, cerca de Quito.

En el referéndum de 1997, el pueblo ecuatoriano aceptó la creación de la Asamblea Constitucional. No obstante, una vez instalada, se autonombró Asamblea Constituyente.

Estuvo dominada por la alianza entre el Frente Radical Alfarista (del entonces presidente Fabián Alarcón), el Partido Social Cristiano (PSC) y la Democracia Popular (DP), que juntos contaban con 40 de los 70 asambleístas. El pacto político entre democratacristianos y socialcristianos  permitió aplicar las reformas constitucionales orientadas hacia las vertientes neoliberales, con lo cual se abrió la posibilidad de traspasar ciertas áreas económicas estatales a manos privadas.

Sin embargo, a los pocos meses, el acuerdo comenzó a resquebrajarse por conflictos internos dentro de los partidos dominantes. El punto detonante de la disolución de la mayoría fue el voto negativo que recibió la propuesta del PSC y la DP de privatizar la seguridad social. Eso causó la renuncia de varios legisladores, como el presidente de la Asamblea, Osvaldo Hurtado Larrea, y del vicepresidente, Marcelo Santos, aseverando que se había formado una nueva mayoría de la que ellos no eran parte.

Cuando la Asamblea anunció su intención de autoprorrogarse en sus funciones, el bloque del Partido Social Cristiano abandonó por completo las sesiones. Este hecho cambió el balance de poder en su interior, permitiendo a los partidos de izquierda, que estaban aliados bajo el nombre de ‘Convergencia’, instaurar varias reformas en cuanto a políticas sociales.

Estas reformas incluyeron, entre otros temas, la definición de Ecuador como Estado Social de Derecho, Pluricultural y Multiétnico; el otorgamiento de derechos plenos a los ciudadanos desde el momento de su nacimiento; la posibilidad de sustituir el servicio militar por servicio civil a la comunidad para personas que muestran objeción de conciencia; así como el reconocimiento de derechos a las mujeres y a los pueblos indígenas.

La Asamblea finalizó sus funciones el 5 de junio de 1998 y la nueva Carta Magna entró en vigencia el 10 de agosto del mismo año, junto con el gobierno del presidente Jamil Mahuad (DP). (I)