Como manifiesta el historiador Miguel Cantos, hubo algunos factores que frenaron el ambicioso plan de privatización del Gobierno. Uno de ellos  fue, a su criterio, el conflicto del Cenepa, que si bien dejó algunos hitos para la historia, las consecuencias en la economía fueron graves.

Aunque los mandatarios Durán-Ballén y Alberto Fujimori tuvieron algunos acercamientos para tratar el diferendo limítrofe, las conversaciones no superaron la formalidad. La postura de Ecuador era que el Protocolo de Río de Janeiro era inejecutable, por la existencia de un accidente geográfico en un determinado sector de la Amazonía que hacía imposible cerrar la frontera.

Con el antecedente del conflicto de Paquisha (1981) y un conato de enfrentamiento en julio de 1991, la situación en la frontera común de ambos países era de tensión. Tropas ecuatorianas fueron alertadas sobre un movimiento del lado peruano desde finales de 1994; el 18 de enero de 1995 se produjeron los primeros enfrentamientos.

El país se conmocionó por la noticia: un nuevo conflicto era inevitable, en esta ocasión en el sector fronterizo de Morona Santiago. Informes oficiales sostienen que el teatro de operaciones se extendió a lo largo de los destacamentos de Coangos, Base Sur, Etza, Cueva de los Tayos y Tiwintza. Este último fue el bastión de la defensa territorial.

La intervención de los delegados de los países garantes del Protocolo de Río de Janeiro (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos) logró, tras arduas negociaciones, un cese al fuego, que fue roto el 8 de febrero de 1995, por un ataque peruano a Tiwintza, repelido por tropas ecuatorianas.

La unidad ecuatoriana quedó cimentada, tras el discurso del presidente Sixto Durán-Ballén en el balcón del Palacio de Carondelet, quien manifestó que Ecuador no daría “ni un paso atrás”. Aunque se produjeron bajas de ambos lados, finalmente se logró un acuerdo definitivo. La firma de la paz se firmó en Brasilia, en 1998.

Un hecho enturbió el acontecimiento: el escándalo por la compra de armas a Argentina, que involucró al Gobierno de ese país. Sin embargo, el tema tuvo poca difusión, quizá porque se privilegió al sentido de la unidad nacional. (I)

EL HECHO RELEVANTE

La gran obsesión por las privatizaciones ecplipsó la obra pública y social del gobierno conservador

Fue su lema de campaña. Durán-Ballén dedicó sus esfuerzos a impulsar el plan de modernización del Estado, a través de un programa de privatizaciones. El poderoso vicepresidente, Alberto Dahik, con su equipo económico tuvieron protagonismo en esa tarea. Hasta cierto punto se soslayó la atención a la obra pública y al sector social, manifiesta el historiador guayaquileño Miguel Cantos.

“Fue un gobierno que puso mucho énfasis en el esquema de las privatizaciones, es poco lo que se resalta en cuanto a la obra pública, aunque no significa que no se haya hecho nada”. Quizá por este motivo -agrega- los trabajadores, estudiantes y otras organizaciones sociales exigían -a través de paros y huelgas- atención a sus demandas.

Al poco tiempo de iniciado el Gobierno, se dictó la Ley de Modernización del Estado, se aprobó la Ley de Libertad Educativa, se crearon los ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda y el de Información y Turismo; además, se crearon las comisarías de la Mujer. Respecto a la obra vial, Durán-Ballén continuó la ejecución de la vía Ibarra-San Lorenzo, postergada desde la década del 80, así como la ampliación de la vía de acceso al cantón Sucre, en la provincia de Manabí. En lo social, a través del Ministerio de Salud se equiparon hospitales y centros de salud y en el ámbito educativo se construyeron escuelas.

Se creó el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), mediante decreto, el 24 de marzo de 1993. Así nació un organismo adscrito a la Presidencia de la República para canalizar de forma directa los recursos del Estado para obras de desarrollo social.

A más de los paros, Durán-Ballén afrontó la crisis de su partido, el PUR, que en apenas 2 años ya había sufrido la escisión de parte de su militancia; en los comicios para diputado provincial (1994) tuvo una derrota en las urnas y permitió que la oposición, encabezada por el PSC, se consolidara en el Congreso. El conflicto del Cenepa mitigó su bajo nivel de aceptación, pero la corrupción en la que se vieron involucrados familiares suyos le afectó más al final de su mandato.

El escándalo de gastos reservados propició que la ciudadanía votara contra el Gobierno en una consulta popular, en noviembre de 1995, especialmente lo relacionado a la opción de que las personas elijan el régimen de seguridad social. El 31% votó a favor y el 47% en contra. Hubo 10% de votos blancos y más del 11% de nulos. (I)