Heredó un país en crisis, con un déficit del sector público de $ 1.400 millones, equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB); con una caja fiscal casi vacía, salarios atrasados y alta deuda a los gobiernos seccionales. Además, Abdalá Bucaram le dejó un retraso de $ 300 millones en el pago de la deuda externa y una inflación acumulada en enero y febrero de algo más de 10 puntos porcentuales.

La reserva monetaria internacional, entre  enero y febrero, cayó de $ 1.966 millones a $ 1.781; las tasas de interés eran altas e inestables; el endeudamiento público interno y externo era irresponsable, con intereses de hasta 20% en dólares.

El precio del barril del petróleo bajaba; en 1998 llegó a $ 6, cuando en el presupuesto de ese año se había calculado a $ 16. El pueblo ecuatoriano no tenía confianza en las superintendencias de Bancos y de Compañías ni en la Contraloría.

“La situación en la que recibimos el país es realmente catastrófica. Hemos estado al borde de un colapso económico y social. Por eso uno de los objetivos de este gobierno es combatir todo lo que signifique corrupción”, declaró Alarcón cuando asumió la Presidencia Interina.

El escenario se tornó más caótico y dramático con la llegada del fenómeno El Niño, cuyos estragos fueron un gran impacto social: 15.000 familias damnificadas; la pérdida de la agricultura costeña por más de $ 1.000 millones; daños en la infraestructura vial, herramientas y bodegas a un costo de $ 3.000 millones, incluido el lucro cesante de las exportaciones agrícolas que cayeron en 16% y de las no tradicionales en 9%.

Joyce de Ginatta, presidenta de la Federación Interamericana Empresarial (FIE), señaló en ese entonces que la presencia de Fabián Alarcón no era necesaria. “Pues da lo mismo que esté aquí o que esté fuera, ya que con él aquí no pasa nada. El retroceso es de tal categoría que por primera vez en 17 años he visto grandes ejecutivos, profesionales de primera, desempleados, no tienen dónde ubicarse, las empresas han desaparecido, otras se han achicado y esto es una tragedia para el país”.

Según Cedatos, el desempleo había aumentado al 14% entre la población económicamente activa, mientras la pobreza se mantenía en un alto nivel, 60%, con un 20% de indigencia.

Al respecto, el historiador Juan Paz y Miño sostiene: “Podría decir que Alarcón se limitó a administrar de una manera bastante mediocre lo que heredó, puesto que ejerció un interinazgo entre el 97 y el 98, que implicó mantener y continuar el modelo empresarial que se venía construyendo en los años 80 e inicios de los 90. Y sucedió así cuando Jamil Mahuad llegó al poder”.

Entre los ofrecimientos pendientes destacó uno: el apoyo a los damnificados del sismo de 8 grados en la escala de Richter, con epicentro en Bahía de Caráquez (Manabí), el 4 de agosto de 1998.

El 10 de agosto de 1998 culminó su mandato y no abandonó el Palacio de Carondelet sin haber colgado antes su retrato en el Salón Amarillo, a  pesar de no ser el Presidente Constitucional. (I)

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El hecho relevante

El caso de corrupción 'Garita 3' fue uno de los más sonados durante el interinazgo de Alarcón

El discurso de Fabián Alarcón Rivera se centró, desde el comienzo de su gestión, en “combatir la corrupción donde sea que se encuentre”.

El 4 de marzo de 1997, el presidente interino creó la Comisión Cívica contra la Corrupción, para recibir denuncias, investigarlas y canalizarlas a través de la Fiscalía General y de la Contraloría General del Estado. Asimismo, entregó el control administrativo de las aduanas a las FF.AA.

Sin embargo, la opinión pública consideró al gobierno de Alarcón como una administración corrupta, aunque no se plantearon demandas judiciales, salvo por el caso de ‘piponazgo’ antes de que ejerciera la Presidencia de la República.

El caso más sonado de corrupción fue el de la ‘Garita 3’, cuyo acusado principal de peculado y concusión fue Franklin Verduga Vélez, hermano del exministro de Gobierno de Fabián Alarcón, César Verduga; él fue quien mocionó la destitución de Bucaram por incapacidad mental.

‘Garita 3’ se remonta al 9 de mayo de 1997, cuando los supervisores de esa caseta, ubicada en la Terminal Terrestre de Guayaquil, denunciaron que eran obligados a exigir dinero a los choferes de las cooperativas para entregarlo a las autoridades de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG).

Parte del dinero recaudado era para Verduga, quien también fue acusado de presunto nepotismo: su cuñado Carlos Morales fue presidente del directorio de la CTG; su concuñado Enrique Pine, director ejecutivo; su hijo Franklin Verduga Rodríguez, asesor de Morales; y su sobrino Raúl Anchundia, jefe de almacén.

Pese a que fue condenado a 4 años de prisión y a cancelar una multa equivalente a un salario mínimo vital y cuatro veces la cantidad de dinero que habrían recibido de manera ilegal, Verduga apeló la sentencia y fue absuelto por falta de pruebas en marzo de 2004, a pesar del pedido del fiscal subrogante de mantener la condena.

Su hermano César Verduga fue acusado por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Él habría contratado estudios y encuestas por $ 6 millones, cuyos resultados fueron incinerados por tratarse de documentos reservados. Para no responder por el hecho, Verduga huyó a Estados Unidos y luego se radicó en México. En marzo de 1999 fue apresado en ese país, por el pedido de extradición; dos meses después fue liberado. (I)