En el sector de la Bahía, zona que tradicionalmente cuenta  con un alto movimiento comercial en Guayaquil, en algunas aceras se observan letreros que advierten sobre artículos de la “Ordenanza que norma la instalación de quioscos y carretillas y demás formas de desarrollo de la actividad comercial en espacios públicos”.

En los incisos 6.1.5 y 6.2.4 se establece una restricción  para el comercio ambulante o en quioscos y carretillas a lo largo del Malecón Simón Bolívar y en la avenida Nueve de Octubre, desde el malecón hasta la calle Pedro Moncayo.

La prohibición se extiende a la avenida José Joaquín de Olmedo, desde el malecón hasta la calle García Avilés, en el sector comercial del centro de la ciudad y en el Barrio del Centenario.

Aunque la advertencia es conocida, hay vendedores ambulantes que deciden probar suerte en calles como Ayacucho, Chile y Chimborazo, pese a que la zona es patrullada constantemente por miembros de la Policía Metropolitana (PM). 

En días recientes, la alcaldesa Cynthia Viteri incluyó a los uniformados dentro de su plan “Más Seguridad”. Incluso, Joel Loaiza, director de la PM, destacó las acciones que realiza su institución en favor de la seguridad ciudadana durante una reunión con Viteri hace casi un mes.

Sin embargo, a los vendedores ambulantes les cuesta ver a los agentes como símbolo de protección. Consultados por EL TELÉGRAFO, prefieren el anonimato cuando les toca señalar los defectos de los miembros de la PM.

“Los que van a pie son los que menos molestan, pero desconfiamos de los que van en moto y camioneta”, manifestó una comerciante en Ayacucho y Chile.

El Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH) ha realizado investigaciones sobre el accionar de la PM.

“Constituye uno de los fenómenos más graves y de larga data que sufre la ciudad”, afirmó Billy Navarrete, vocero del organismo.

Sin precisar cifras, el representante del CDH aseguró que aún registran abusos por parte de los metropolitanos en la vía pública, lo que afecta incluso a los migrantes venezolanos que venden en la calle artículos y alimentos.

No obstante, Navarrete destaca que existe una mayor apertura de la PM durante los últimos dos años para responder a las observaciones realizadas por el CDH.

“Hay un fuerte trabajo en cambiar esa imagen de cuerpo beligerante, violento y abusivo”, dijo Navarrete.

La tarea es larga, admitió el vocero de la CDH. Por el momento se desconoce con qué frecuencia los agentes metropolitanos reciben capacitación en derechos humanos.

Aunque una de las competencias del Cabildo es regular las actividades que se realizan en espacios públicos, ninguna de sus ordenanzas puede restringir derechos consagrados en la Constitución, refirió el abogado Julián Pérez, quien colaboró con  el Servicio Jesuita para Refugiados (SJR).

Para Pérez, las normas municipales deben enfocarse en regular el trabajo autónomo.

El artículo 329 de la Constitución establece que “se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones”.

También se prohíbe toda forma de confiscación de  productos, materiales o herramientas de trabajo. Para Pérez, el Cabildo debe considerar que las familias de sectores populares dependen de estas formas de trabajo.

“Prohibirles trabajar es condenarlos a una vida poco digna”, acotó.

Según cifras de la PM, desde 2009 fueron separados, aproximadamente, 400 agentes por diversas faltas graves, entre ellas agresiones a vendedores y denuncias de corrupción.

Durante una semana, este Diario buscó a un funcionario de la PM que pudiera hablar sobre los roles de los agentes metropolitanos. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. (I)