Los administradores de las urbanizaciones Torres del Sol y Palmar del Río fueron citados ayer por el Municipio de Samborondón, por colocar carteles en contra de la construcción de un puente cerca de los conjuntos habitacionales.

Los ciudadanos acordaron poner pancartas, en la parte externa de dichos recintos, en las que cuestionan la ubicación del viaducto que va desde el km 3,5 de la vía a Samborondón hasta la avenida Terminal-Pascuales.

‘Queremos un puente que solucione nuestras vidas, no uno que las afecte’, reza en uno de los rótulos enrollables que ayer aún estaba en la parte frontal del cerramiento de Torres del Sol.

La obra es promovida por los alcaldes socialcristianos Jaime Nebot (de Guayaquil), José Yúnez (de Samborondón) y Pedro Salazar (de Daule).

En el documento entregado por la Comisaría Segunda Municipal de Samborondón consta que fueron llamados para “tratar asunto relacionado con la administración de su representada”.  

Silvana Valladares, procuradora de las urbanizaciones que resultarían perjudicadas con el viaducto que enlaza a la citada ciudad con Guayaquil, acudió este jueves al llamado.

Según Valladares, el comisario Víctor Hugo Soriano advirtió que la colocación del letrero (en el que expresan su opinión sobre el impacto de la obra) “va en contra de las ordenanzas del cantón”.

Desde la semana pasada, los moradores se acogieron al derecho a la resistencia, porque consideran que la construcción en esa área poblada traerá ruido, contaminación, congestión vehicular e inseguridad.  

En el artículo 20 de la ordenanza que regula la instalación de rótulos publicitarios consta que los letreros de propiedad privada -con autorización de propietarios y sin permiso de ocupación- deberán ser retirados en un plazo de 8 días. “La Comisaría Municipal impondrá una multa de $ 100 mensuales acumulativos... Dicha multa tendrá el carácter de indefinida hasta el retiro de la estructura”, indica.

Con la aplicación de esa norma, explica Valladares, se pretende silenciar el derecho de los moradores. “Vamos a seguir buscando la manera de expresar a la comunidad lo que está pasando, el desacuerdo y oposición a la forma en la que se ha concebido el puente”.

El artículo 98 de la Constitución de la República señala: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

De acuerdo con Mauricio Insúa, administrador de Palmar del Río, da la impresión de que la diligencia de los municipales estuviera ‘dedicada’, pues cuando hay algún otro problema los funcionarios no llegan tan rápido. “Pusimos el letrero y a la hora ya estaban dando vuelta”.

Este medio de comunicación consultó al comisario Víctor Hugo Soriano sobre su agilidad para tramitar la acción, pero evitó hablar del tema y expresó que “estaba ocupado”.

Por su parte, la ciudadana Inés Manzano ayer puso una denuncia en la Fiscalía por la misma obra. La abogada especializada en temas ambientales señala que el consorcio Guasamda, que hizo los estudios, omitió información.

“No se habla de las zonas de protección y se cambió el área recomendada para construir: iba en el km 6,8 de la vía a Samborondón y luego se pasó al km 3,5. El estudio está mal hecho en lo social y ambiental”. (I)