En las misivas intercambiadas, públicamente, entre el Gobierno Central y el Municipio de Guayaquil todavía no han quedado resueltos tres aspectos sobre la intención  de efectuar el  dragado en el canal de acceso  a  los muelles de la terminal marítima Simón Bolívar.  

Uno de los puntos en los que recientemente se centra la discusión es en la necesidad de una licencia ambiental para que se pueda dejar a 11 metros de profundidad en marea baja la citada zona.  

En el último comunicado, del 15 de octubre, el presidente Rafael Correa indicó al alcalde Jaime Nebot que para acometer el trabajo debe contar con una licencia emitida por el Ministerio del Ambiente (MAE).

Pero el burgomaestre, en su carta del martes pasado, advirtió que no pedirá el permiso. Luego de que la Asociación Geoestudios-Consulsua le entregue la actualización de los estudios para dragar, es decir en 60 días, ejecutará la obra sin permiso.

Según Nebot, hará una actualización del Plan de Manejo Ambiental, que está contemplada en la licitación otorgada a las compañías mencionadas. “Para la ejecución del contrato de dragado recientemente firmado entre Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) y la Armada no fue necesaria la obtención de la licencia ambiental, sino la actualización del Plan de Manejo Ambiental. Lo mismo hará el Municipio con el contrato para eliminar Los Goles”, dijo.

El otro tema de discordia tiene relación con el financiamiento del aumento de la profundidad del canal.  El 15 de octubre, el Primer Mandatario planteó que para sobrepasar los 9,60 metros debería de modificarse el contrato de concesión celebrado, en 2007, entre Contecon S.A. y la APG. El Gobierno expuso que el incremento de calado debiera financiarlo la concesionaria. “De usted (Nebot) llegar a un acuerdo con Contecon para cambiar esta cláusula y responsabilizar al Municipio del financiamiento, enseguida APG procederá a la reforma del contrato”.

El alcalde  rechazó esta última opción, el pasado 22 de octubre, porque la concesionaria no está de acuerdo con la modificación y debido a que el Cabildo consideró que no tiene el poder para alterar el contrato. “El contrato tiene plena vigencia jurídica y no puede ser reformado por un tercero (Municipalidad )”.

Otro desacuerdo son los nuevos cobros. El Presidente aclaró que toda contribución y garantía que proponga el Municipio  para el financiamiento del incremento de calado y mantenimiento deberá ser acordada con el concesionario y 13 puertos privados, “reservándose el Gobierno Central el derecho a veto en caso de que  pudieran perjudicar la competitividad del comercio exterior”. Por su parte, Nebot propuso que ese costo lo asuman los navieros.