La pandemia del coronavirus destapó dos entramados de corrupción en los que estarían involucrados, entre otros personajes políticos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, y el expresidente Abdalá Bucaram y su familia, a quienes se les acusa de negociar insumos con sobreprecio para atender la emergencia.

Silvia Buendía, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) -capítulo Guayas- conversó con diario EL TELÉGRAFO sobre las denuncias y pruebas que han llegado a esa institución. Asegura que la semilla de la corrupción se sembró durante la presidencia de Rafael Correa y que durante sus diez años de Gobierno creció hasta quedar profundamente enraizada en todas las funciones del Estado.

Buendía considera que la labor que hacen la Fiscal General y la Ministra de Gobierno para arrancarla de raíz merece el total apoyo de todas las instancias de Gobierno.

¿Por qué se habla de que la familia Bucaram tiene injerencia en los hospitales?
Esa es una pregunta clave que hay que responder porque todo apunta a que ellos están detrás de una mafia que ha estado metida en los hospitales públicos. A partir de las pruebas y testimonios que hemos obtenido desde la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), creemos que pasó luego de la captura de Iván Espinel (director Provincial del IESS durante la presidencia de Rafael Correa). Se decía que era él quien manejaba la red, salió el corrupto Espinel, relacionado con los hermanos Alvarado, y entró esta gente.

Si la corrupción en los hospitales ya se conocía, ¿por qué no se hizo nada?
Se hizo. Iván Espinel fue procesado. El problema es que esto es una práctica que se sigue dando sin importar quién esté en el Gobierno o quién esté a la cabeza de esta mafia. Es una puerta giratoria, cuando sale uno entra otro. Lo que pasó fue que la pandemia desnudó esta realidad monstruosa, que se volvió titular de todos los diarios. Ahí actúa la Fiscalía General del Estado.

¿Cómo calificaría el accionar de la Fiscalía General en las investigaciones de corrupción?
Saludo enormemente que la Fiscal General del Estado (FGE) y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, hayan cooperado y armado una fuerza de tarea casi que en secreto. Esto es destacable porque se especula que dentro de la FGE y la Policía existen elementos que saben de la corrupción y la tapan.

Una vez que armaron esta fuerza de tarea, con fiscales y policías especializados, y la anunciaron, al día siguiente ya teníamos allanamientos y apresamientos, lo que me parece extraordinario. Creo que en este momento debe haber apoyo total a las acciones de la Fiscal General y de la Ministra de Gobierno.

Se critica mucho al sistema de salud y de compras públicas, se lo ve como la olla de oro para este tipo de corrupción. ¿Por qué?
Porque es el único lugar donde hay dinero. El Gobierno anterior se robó todo, dejó absolutamente vacías las arcas, ya no tenemos un precio alto del petróleo, estamos viviendo una recesión, entonces el único lugar donde actualmente hay dinero es en Salud, por eso han ido a robárselo. Eso lo vuelve más monstruoso porque en el momento en que era más vital tener recursos se lo llevaron.

En el tema de la corrupción en el gobierno provincial del Guayas se cuestiona que al Prefecto se le haya impuesto prisión domiciliaria y el riesgo que implica que actualmente esté ejerciendo funciones. ¿Existen mecanismos para que sea al menos suspendido durante el tiempo que dure la instrucción fiscal por los casos en los que se lo denuncia?
Claro, está el artículo 336 del Cootad (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización). Entiendo que los alcaldes de la provincia ya iniciaron el proceso para una posible destitución. Claro, el Prefecto debe tener su tiempo y oportunidad para la defensa, pero así como veo las cosas de aquí a 30 días lo más probable es que salga de su cargo porque las pruebas y las acusaciones en su contra son gravísimas.

No sé si lo que hicieron con Morales fue lo más adecuado, no solo porque puede cambiar o menoscabar evidencias, sino también por la vergüenza que representa para la provincia tener un prefecto con grillete, acusado de cosas espantosas, en funciones.

Lo que ocurre en la Prefectura es similar a lo de los hospitales. Desde la CNA también denunciamos todo lo que pasó durante el periodo de Jimmy Jairala; hay más de 30 exámenes con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría que simplemente se archivaron. Creo que debería haber una veeduría ciudadana del accionar de la Judicatura porque estamos en manos de los jueces, que deben actuar en derecho.

¿Y en el caso de Abdalá Bucaram también cabían las medidas sustitutivas?
Ese es un caso distinto, es cierto que a él no se lo detiene por las investigaciones de crimen organizado sino por almacenamiento de armas de fuego, por la pistola y municiones que le encontraron en su casa. Ese es un delito menor (seis meses a un año). Además, él es un adulto mayor con problemas cardiacos, eso justifica la decisión de la prisión domiciliaria.

Sin embargo, se conoce que Bucaram es un personaje político tremendamente corrupto, que durante 40 años ha venido escapando porque cargo que ejerce cargo del que tiene que salir por indicios de corrupción. Si yo fuera jueza no le hubiera otorgado la medida porque se escapa. Recordemos que su hijo está en Miami.

¿Por qué con Carlos Luis Morales, que lleva algo más de un año en funciones, se ha actuado rápidamente y en la anterior administración no?
Eso pasa porque Diana Salazar es una mujer absolutamente independiente en su accionar, también sabemos que el presidente Lenín Moreno, a diferencia del anterior, no tiene una sabatina en la que le dice a los jueces cómo fallar. Además, el mismo presidente Moreno está pidiendo constantemente a la prensa y opinión pública que denuncien, que persigan la corrupción. No ha movido un dedo para decirle a alguien que no lo haga ni le hace homenajes a los acusados y sospechosos. Eso ha cambiado radicalmente.

Si se habla de corrupción enraizada, ¿cómo confiar en que las decisiones de los jueces en estos casos son objetivas, sin intereses creados?
No se puede. Ojalá que ante el clamor ciudadano contra la corrupción y el ejemplo extraordinario que vienen dando la ministra Romo y la fiscal Salazar los jueces actúen de una manera distinta. La realidad es que el sistema de justicia ha dejado mucho que desear y es gran responsable del caldo de cultivo de corrupción que se cocina en el país.

Los procesos que han salido a la luz serán largos, pueden tomar más de un año, lo más seguro es que se resuelvan durante el siguiente periodo presidencial. ¿Cómo garantizar que con la posible llegada de una nueva figura, con otros intereses, no se mande abajo todo lo actuado?
Recordemos que el próximo año cambia el presidente pero la Fiscal continúa en funciones y en estos casos la FGE es la parte acusatoria. Por eso fue tan importante el cambio de Fiscal. Estoy segura de que si Carlos Baca Mancheno siguiera en el cargo aquí no hubiera pasado nada. (O)