Una larga fila de carros flanquean el Cementerio General de Guayaquil. Todos ellos llevan un féretro. Unos de madera, otros de cartón y muy pocos de metal.

El ingreso de ataúdes solo está permitido de 11:00 a 15:00. Pero a las 10:00 la cola es larga. Los deudos temen que los dejen afuera, por eso prefieren estar mucho antes. Algunos con cuerpos con más de cinco días de fallecidos. En las aceras, los vendedores de mascarillas y gel antibacterial han reemplazado a quienes ofertaban flores.

El panorama cambió y de forma drástica. Hace tan solo un mes los sepelios se los realizaba de forma ordenada y no había restricciones en el número de personas que acompañaban al cuerpo hasta el lugar de la sepultura.

Únicamente cuatro familiares por difunto se permite ingresar en los cementerios de Guayaquil cuando se procede a enterrar los restos de algún fallecido. Foto: Archivo / El Telégrafo

Peregrinar por una tumba

Desde que mi abuela de 95 años de edad entró en su etapa terminal del Alzheimer, a mediados de marzo, le pedí a Dios que si se la tenía que llevar no lo haga en estos momentos de apremio, que vive el país y el mundo entero.

Pero más allá del dolor que me generó su partida, la madrugada del domingo 5 de abril de 2020, la incertidumbre de dónde la íbamos a sepultar me empezó a rondar por la cabeza. Había visto cómo los deudos deambulaban con sus muertos para encontrar una bóveda o un pedazo de tierra en donde poder enterrarlos.

A las 06:00 inicié mi recorrido por una ciudad fantasma. Frente al Hospital Abel Gilbert Pontón, al suroeste de la ciudad, el administrador de una funeraria comentaba que sepultar un cadáver en esta época tarda mínimo de 4 a 5 días. Que sus servicios funerarios costaban $1.600 y que un familiar debe realizar todos los trámites. Y como para meter -algo de miedo- aseguró que eso es lo más difícil.

Recorrí más de 20 funerarias, algunas cerradas otras con letreros daban cuenta de que ya no había ataúdes. Durante la travesía que duró más de tres horas vi carros con cofres sellados con cinta plástica, otros de cartón prensado y, al menos dos de cartón.

Al final del recorrido encontré una funeraria cerca al hospital Luis Vernaza. Ahí en una sala de espera, con alrededor de 15 personas, el administrador explicó a los deudos que si pagábamos $ 3.300 el difunto se podía sepultar al día siguiente.

La cifra es el doble de lo que se cobraba antes de la emergencia. Pero al menos la mitad aceptó antes que peregrinar con su difunto. Otros decidieron salir del sitio sin antes acusar al administrador y ayudantes de estafadores y aprovechados.

Un sepelio para el olvido

Hecho el trato y cancelando hasta el último centavo solo nos quedó esperar hasta el lunes. Pero aún así cuando se arriba al cementerio el panorama es desolador.

Aunque mi abuela no murió de covid-19, los protocolos de seguridad son más estrictos. De la camioneta que transportaba su ataúd la bajan cuatro hombres con trajes de plástico; estaban completamente forrados. El guardia de seguridad revisa el listado que tiene y luego deja pasar solo a cuatro familiares.

Los deudos que no pueden ingresar, con lágrimas en los ojos miran cómo se aleja el ataúd cargado por extraños. No hay tiempo para una oración, para una despedida. Nadie puede abrir el cofre mortuorio porque es parte del protocolo.

Veo cómo cierran la bóveda de mi abuela. Pero aún con el dolor que siento, me queda la satisfacción de que jamás fui un nieto ingrato. (I)