La ordenanza no es nueva pero la intensificación de los controles para  que se la respete, sí, según funcionarios municipales. Desde inicios de este año, el Cabildo emprendió más recorridos para detectar los predios comerciales que, dentro de su registro catastral, constan como de uso residencial.

El objetivo del Cabildo es regularizar los espacios para que los dueños de los locales tributen de acuerdo con la utilidad de la propiedad. Sin embargo, aquello ha generado opiniones diversas entre los ciudadanos que ven en sus pequeños negocios, una alternativa legal para ganar el sustento diario.

En una rápida observación, casi no existe una zona en la ciudad  donde no haya -al menos- una persona que ofrezca bienes y servicios por un módico precio: bazares, abacerías, comidas, bebidas, sastrerías, talleres y carpinterías, se encuentran entre las opciones disponibles. La situación no distingue si se trata de una zona popular sin todos los servicios básicos o una urbanizada que tiene hasta guardianía privada.

Pero sí existe diferencia entre la aceptación de los ciudadanos establecidos en las zonas residenciales del norte (Sauces, Alborada, Samanes) y oeste (Cisne 1 y 2, Trinitaria, Batallón del Suburbio), a las disposiciones del Municipio. Mientras que en la parte más desarrollada económicamente se considera una medida que espantaría a la actividad comercial, en otra, es percibida como el inicio de mejores días.

Érika Salavarrea, madre soltera con dos hijos, improvisa un puesto de venta de jugos de naranja y mandarina en el soportal de su residencia, en la 39 y Camilo Destruge. Solo utiliza una mesa donde apoya el exprimidor y otros utensilios.

Cada día invierte hasta $ 9 en las sacas de 300 naranjas para su negocio y eso le permite una ganancia de entre $ 4 y $ 5 por ofrecer vasos de jugo a $ 0,50 cada uno. “Aunque no siempre saco esa ganancia, todo depende si el día es bueno o malo”.

Aunque reconoce que su negocio es informal, no ve mal que el Cabildo lo regularice pues considera que aquello representa una garantía de estabilidad laboral. “Si de pronto apoyan en capacitaciones, hasta sería mucho mejor”.

Con este criterio coincide Evaristo Zambrano, en el sector Cisne 1, quien improvisó una carpa para ofertar verduras y frutas. Desde hace meses ha tenido problemas con la Policía Metropolitana por trabajar cerca de un mercado municipal, en la 42 y la Ch.

“Con tal de que me dejen trabajar tranquilo, pago las tasas que sean necesarias. Ya estoy cansado de ver pasar todos los días a una camioneta del Municipio haciendo fotos de mi puesto. Siento que en cualquier momento se llevarán la mercadería”, afirmó Zambrano.

Mientras, en el norte, opinan y proceden muy diferente. En Sauces 6, hubo quienes optaron por cerrar sus negocios frente a las clausuras por parte de la Dirección de Justicia y Vigilancia debido a que no completaron los requisitos para la regularización.

Este fue el caso de Vicente Mendoza quien desde hace tres años decidió comenzar con la venta de almuerzos en un espacio improvisado que antes funcionaba como dormitorio, en su vivienda. “No reunía las dimensiones que me pedían en el Municipio... Aún estoy buscando cómo salir adelante”.

Las clausuras municipales se efectuaron en decenas de viviendas ubicadas en Samanes, Guayacanes, Alborada y Sauces.

La ordenanza existe desde 2011

La Ordenanza que regula la emisión de la Tasa de Habilitación y Control de Actividades Económicas de Establecimientos, sobre la que el Cabildo actúa en los sectores anteriormente mencionados, existe desde 2011 y, desde entonces, ha sido reformada en seis ocasiones.

La última de ellas fue en mayo del año pasado. Para Jorge Calderón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo (UEES), tales modificaciones nacen de la necesidad municipal de evitar una proliferación de este tipo de locales, tras los recortes en el sector público por la baja de los precios del petróleo, en 2015.

Admite que existe un impacto económico en estos espacios por la inversión que se requiere para regularizar el negocio (arreglos de infraestructura) y el aumento en el pago de tasas prediales. “El Municipio también debe realizar un censo para diferenciar los locales que solo buscan el sustento diario de aquellos que buscan expandirse”.

Por su parte, Jorge Rodríguez, vocero del Cabildo, menciona que el objetivo que se persigue es regularizar la actividad y no frenar el desarrollo comercial. “Entendemos la necesidad de progresar pero no de espaldas al control municipal”.

Sobre las exigencias para las infraestructuras, sostiene que apuntan a garantizar la seguridad de los propietarios y los clientes. Desde enero hasta agosto, aproximadamente 3.500 locales informales se han legalizado, tan solo en el suburbio. Para abril de 2018, se espira aumentar la cifra a 17.000. (I)