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Prefectura de Guayas anuncia terminación de contrato de dragado con la Armada

El proyecto de dragado de los alrededores de El Palmar inició en 2013 con la firma de un convenio entre la Prefectura del Guayas y la Senagua.
El proyecto de dragado de los alrededores de El Palmar inició en 2013 con la firma de un convenio entre la Prefectura del Guayas y la Senagua.
Foto: Lylibeth Coloma | et
27 de septiembre de 2019 - 17:09 - Redacción Guayaquil

El prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, anunció la firma de un documento con el que se da por terminado definitivamente el contrato con el Servicio de Dragas (Serdra) de la Armada Nacional para el dragado de la zona adyacente del islote de El Palmar en el río Guayas.

Mediante un video difundido en su cuenta de Twitter (@CLMoralesB), Morales detalló que se devolverá al Gobierno Provincial el respectivo anticipo. “La Armada Nacional ha desistido expresamente de la medida cautelar que presentó”, aseguró el funcionario.

El Prefecto puntualizó que la Armada y el gobierno provincial, como instituciones, no han incurrido en irregularidades dentro del proceso de dragado sino que las inconsistencias habrían sido cometidas por “ciertos funcionarios de la Armada Nacional y de las anteriores administraciones (de la Prefectura).”

Las respectivas sanciones administrativas y civiles serán establecidas por las instancias pertinentes, aunque no se descartan acciones penales. Morales insistió que en los próximos días se iniciará con un nuevo concurso internacional para el dragado del río Guayas.

“Dicho concurso se basará en estudios completos que abordarán la solución integral que no es simplemente la remoción del islote El Palmar sino tomar fundamentales medidas para que el tema no se repita”, afirmó Morales.

En agosto pasado, la Prefectura decidió terminar unilateralmente el contrato pese a que había un acuerdo con la Armada para concluir el convenio de mutuo acuerdo. Frente a esto, la Armada presentó a inicios de septiembre medidas cautelares que fueron admitidas por un juez de garantías constitucionales, lo que dejó sin efecto jurídico la decisión del Gobierno Provincial. (I)

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