El calificativo “La Bahía de la Droga” se volvió un nombre recurrente en los últimos meses. Es como se empezó a llamar al barrio guayaquileño que se encuentra en la intersección de las calles 10 de Agosto y la Décima.

El también denominado barrio “10 sobre 10” se volvió mediático por las constantes denuncias de microtráfico de alcaloide. En sus esquinas, en el día, abundaban hombres mal encarados parados en las esquinas, descamisados y ciudadanos dopados tirados en las veredas. Y se percibían penetrantes hedores a orine.

Algunas viviendas eran usadas para el expendio de estupefacientes y como escondites. Los vecinos evitaban hablar por temor a represalias.   

Por ese motivo, el 11 de enero de este año la Gobernación del Guayas anunció que la Policía Nacional resguardaría de forma permanente el sector. El gobernador Julio César Quiñónez dijo que el Plan Integral de Intervención será un duro golpe al microtráfico.

Cinco meses después, el panorama ha cambiado progresivamente. Una de las casas que era usada como escondite de adictos y delincuentes fue demolida. Ya no se ve a consumidores en las calles. Hay vecinos, tranquilos, conversando en las tiendas.

La Gobernación, por primera vez, hizo allí (el pasado viernes) una feria y el lanzamiento de las Fiestas Julianas. El mensaje fue que el sector ha cambiado. El vecino

Joaquín Lucín es uno de los que cree que el problema de las drogas se ha superado en el oeste de Guayaquil. Sin embargo, los moradores ahora enfrentan un nuevo drama: el desalojo que hará el Municipio de Guayaquil.

Lucín, quien habita allí hace 50 años, está entre los residentes de las 26 casas afectadas. Él considera injusta la medida del Cabildo, pues ahora que fue saneado el sitio van a echar a las familias que se disponían a disfrutar la tranquilidad, en el área que colinda con el estero Salado.

¿Por qué los echan?

El 13 de junio de este año los vecinos recibieron un comunicado, firmado por Ramiro Domínguez, prosecretario de la Municipalidad. Allí se notifica la resolución dictada por el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. “Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación a favor del Municipio de Guayaquil, los predios comprometidos totalmente por el proyecto denominado ‘Ordenamiento de Talleres de Carros en el sector Oeste de la Ciudad’”.

La medida -reza en el documento- se fundamenta en los artículos 59 y 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). En el informe técnico, firmado por Daniel Veintimilla (subprocurador síndico municipal), se señala que en el sector una de las actividades que más se ha desarrollado son los talleres de automotores informales, que obstaculizan aceras y calzadas.

Según la propuesta, el plan de reordenamiento contribuirá a “contrarrestar la actividad informal del sector, implementación de puestos de trabajo para mecánicos que no utilizarán la vía pública para sus labores diarias e, indirectamente, beneficiará otras actividades productivas (venta de repuestos de autos, comedores, fuentes de soda, comercio al por menor, etc.)”.

La Comisión de Ordenamiento Urbano y Control Operativo definió como área la implementación del proyecto todos los predios que conforman la manzana 173 del sector 12, en las calles 6 SO, 10 de Agosto, entre la Av. 20 SO, Federico Godín y Pasaje 19 SO, Eugenio Garzón (Décima), el área de ingreso y salida por la Vía Principal (10 de Agosto), entre dos calles intervenidas por la regeneración urbana.

Blanca Aucapiña, de 70 años, siente tristeza por tener que salir de su inmueble. Ella recuerda que por la crecida de la marea, en antaño, el agua le llegaba por la cintura. “No sé nadar, pero gracias a Dios no me ahogué”.

Entonces, el camino era de fango, su casita de caña y sin techo. Hoy el área está regenerada y su inmueble es de cemento (de dos plantas). Después de todo lo que ha pasado -dice- es incomprensible lo que hará el Municipio. “No es justo que el alcalde Nebot venga a sacarnos para hacer talleres. Me están dando $ 11.000. Que se ponga la mano en el pecho. ¿Dónde voy a encontrar por aquí una casa por ese valor?”.

Desacuerdo con avalúos

Los valores que ofrece el Cabildo por las expropiaciones son parte del drama que viven las familias. Uno de los valores que se paga por una de las viviendas es $ 6.000 (por casa y terreno). El habitante con el terreno más grande y construcción de dos plantas obtendrá $ 98.000.

La mayoría de los ciudadanos consideran que no podrán comprar una casa, de las mismas características, por los valores ofrecidos.

Elga Rosas, con 35 años en el sector, se lamenta: “¿A dónde vamos a ir con la cantidad que nos están dando? Soy pobre y a veces no tengo para comer”.

Los moradores luego de ser notificados fueron al Municipio a expresar su desacuerdo, pero no hubo una solución.

De acuerdo con los vecinos, les dieron 3 meses para salir del sector y encontrar otra casa.  Ellos esperan que alguna autoridad se pronuncie y los ayude a quedarse en el sitio o a encontrar una casa similar con esos valores. (I).

Doña Blanca Aucapiña, de 70 años, no quiere dejar su casa. Antes era de caña y sin techo. La arregló después de muchos años con su esfuerzo.