La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional resolvió ayer que el Municipio de Guayaquil responda por los permisos de construcción otorgados en la vía a la Costa, por donde pasan varios ductos de combustible y Gas Licuado de Petróleo (GLP).  

Con el voto a favor de seis de los nueve integrantes de la Comisión, se  responsabilizó al Cabildo por permitir la invasión al derecho de vía que asiste a Petroecuador en la ruta del poliducto La Libertad-Pascuales y el gasoducto Monteverde-Pascuales.

El asambleísta Rolando Panchana (PAIS), titular de la Comisión, explicó ayer que la resolución tiene como base los propios informes remitidos por la Alcaldía “y no responde a conjeturas políticas".

En enero pasado, Panchana inició una investigación sobre las obras del gasoducto y poliductos construidos en la vía a la Costa, donde existen varias urbanizaciones y funcionan empresas, canteras y planteles.  

La colocación del gasoducto, desde octubre del año pasado, ha generado protestas y demandas legales por parte de los habitantes de estas urbanizaciones, quienes alegan que el traslado de GLP cerca de sus propiedades representa un riesgo para la integridad de las personas.  

Panchana, tras una inspección in situ realizada hace tres meses, determinó que en varios hitos del poliducto La Libertad-Pascuales, las edificaciones del lugar irrespetaron el mínimo de distancia (15 metros) que debían guardar con relación al ducto.

Posteriormente, la Comisión de Biodiversidad otorgó un plazo de dos semanas a Petroecuador y al Municipio para que provean información respecto de la vigilancia al cumplimiento del derecho de vía dentro de la urbe.

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, en reiteradas ocasiones aseguró que el Cabildo "nunca ha dado permiso a nadie para invadir el derecho de vía y el cuidado de derecho de vía le corresponde, le correspondió y le corresponderá como dice la ley al Gobierno”.

Panchana afirmó que el Municipio violentó sus propias ordenanzas al autorizar la construcción de urbanizaciones cerca del poliducto. "Los dueños de casas en la vía a la Costa que se sientan perjudicados deben demandar a la Alcaldía y al promotor inmobiliario", dijo el asambleísta.