El espacio público está mal utilizado, es la conclusión a la que llegó un grupo de estudiantes de Semiótica cuando su profesora, Rocío Castro, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los envió a realizar un análisis de la plaza Guayarte, en el km 1 de la av. Carlos Julio Arosemena.

En días recientes, el proyecto municipal, impulsado por el vicealcalde Josué Sánchez, del cual se benefician microempresarios con locales comerciales, es criticado. Sin embargo, el uso de los espacios públicos para fines privados no es nuevo.

Desde finales del siglo pasado, la Fundación Malecón 2000 recibió por un lapso de 99 años un sector que, en parte, es utilizado para el comercio de pequeños y grandes empresarios.

Expertos consultados analizaron si las concesiones son debidamente socializadas con los habitantes.

Para Rocío Castro, aquello no se da. En el caso de Guayarte, “le quitaron la vista al estero a los estudiantes, lo mismo que pasó con el Malecón 2000 cuando antes podíamos ver, desde la calle, el río Guayas”, señaló.

La docente puntualizó que no se trata de una oposición a las iniciativas municipales sino del hecho que se pasa por alto criterios arquitectónicos y de socialización con la comunidad.

Eso también provoca que las iniciativas municipales se perciban como imposiciones, afirmó Tito Palma, vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.

También cuestionó que los criterios con los que se manejan los espacios públicos desde el Cabildo se asemejen a los centros comerciales.

“Las políticas neoliberales han promovido la privatización de los espacios públicos, bajo la justificación de la necesidad de encontrar fuentes de autofinanciamiento y mantenimiento de sitios que promueven el consumo y no la recreación, el ocio, la cultura o el turismo”, aseguró el académico.

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en sus artículos 49 y 72, avala la concesión de los espacios públicos con fines privados.

Palma puntualizó que la Constitución condiciona esta figura legal. “Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público, tal y como se cita en el artículo 23 de la Carta Magna”.

Alejandro Vanegas Maingon, docente de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), en cambio, considera que en los estatutos vigentes no se contempla la socialización de espacios comerciales dentro de proyectos como el Malecón 2000 o Guayarte.

“Siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos establecidos, no habría impedimento para otorgar la concesión. Sin embargo, es evidente que escuchar a la ciudadanía siempre será relevante para realizar las edificaciones en beneficio de todos”, manifestó Vanegas.

Otro aspecto cuestionado es la utilización de los recursos que reciben las fundaciones encargadas de administrar los espacios públicos.

En el caso de la entidad a cargo del Malecón 2000, es objeto de cuatro auditorías anuales, incluyendo las realizadas por la Contraloría General del Estado y Municipio.

En el informe más reciente de la Contraloría disponible en la página web de la fundación (2017) se indica que solo recibe ingresos por concepto de autogestión, es decir, las recaudaciones producto del cobro de servicios como el Safari Park, Cinema Malecón, parqueos, además de concesiones, alquiler de espacios y publicidad.

Por esos rubros, en total recaudó $ 11,6 millones, aproximadamente. En cambio, generó egresos por $ 11,4 millones entre mantenimiento, limpieza y otros gastos generales.

No hay restricciones de socialización para contratar y asignar espacios a entidades privadas que prestan servicios a los usuarios, aseguró Luis Ávila, docente y abogado en libre ejercicio.

No obstante, observó que no siempre los municipios tienen cuidado con el respeto a la libre movilidad de la ciudadanía. (I)