La Unión de Taxistas del Guayas (UTG), que aglutina 137 cooperativas de la provincia, anunció una movilización para exigir que las operadoras transnacionales que utilizan vehículos particulares dejen de prestar sus servicios.

La medida de hecho está planificada para el próximo 6 de junio cuando entregarán un documento en la Gobernación de la provincia y en el Municipio de Guayaquil, el que resume los principales requerimientos del gremio, indicó George Mera, presidente de la UTG.

Entre ellos, que el valor de la revisión técnica vehicular ($ 30) sea cancelada  una vez al año, sin importar el número de veces que las autoridades soliciten el proceso.

La semana pasada, funcionarios de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) conversaron con representantes del taxismo formal e informal para regularizar el servicio en la ciudad.

La ATM solicitó a la transnacional Cabify que su servicio -que emplea una aplicación para celulares- solo contrate taxis legalizados. La empresa se comprometió a desactivar el contrato con propietarios de otro tipo de vehículos, explicó Andrés Roche, de la agencia municipal.

Sin embargo, en la práctica aquello no ha sucedido. Los taxistas formales no trabajan con Cabify y los usuarios aún son transportados por vehículos particulares, constató EL TELÉGRAFO.

George Mera enfatizó que su gremio no trabajará con esta aplicación porque ya cuenta con una propia (‘Un Taxi’) que tiene 10.000 usuarios registrados y permite ubicar un automotor regularizado hasta 1.000 veces por día, en promedio.

Cabify, por su parte, desde la reunión que mantuvo con los funcionarios de la ATM, no se ha pronunciado. Incluso, en aquel encuentro, su representante, Santiago Borja, no dio declaraciones.

Los usuarios consultados insisten en que la calidad del servicio de la aplicación Cabify es de mayor calidad que la de los taxis amarillos.

Ayer, la UTG condicionó la mejora del servicio a “las garantías de trabajo para los choferes profesionales que dé la ATM”.

César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, sostuvo que la obligación de garantizar el óptimo estado de las unidades es de los taxistas.

No obstante, también considera que el Municipio debe acelerar el proceso de mejora del transporte público. “Han dejado lo más importante para el último y aún no logran cambiar la situación”.

En reiteradas ocasiones, el director de la ATM, Andrés Roche, ha manifestado que no es fácil revertir “60 años de malos procedimientos en tan poco tiempo” para justificar que algunos cambios todavía no alcanzan la cobertura total de la ciudad (corredores viales para buses, señalética, semaforización, entre otros).

En cuanto a los taxis, la edil Consuelo Flores informó que entre junio y julio se realizará un censo para establecer las condiciones del sector y, posteriormente, revisar las tarifas.

La UTG colaborará con este proceso, afirmó su dirigente George Mera. “De hecho, es algo que venimos solicitando hace tiempo para que la ciudadanía tenga más garantías del servicio”. Un proceso similar se realizó con los buses en agosto de 2016. (I)