Casas edificadas en zonas de riesgo de El Fortín y Flor de Bastión cuentan con el aval del Municipio de Guayaquil y se benefician de las obras de pavimentación y servicios básicos que impulsa el ente seccional.

Vecinos de El Fortín, con viviendas legalizadas por el Cabildo hace 3 años, temen que colapsen porque están al pie de una zanja de 6 metros de ancho.

Los habitantes del barrio afirmaron que las propiedades que tienen al menos 20 años de antigüedad, la mayoría, fueron establecidas sin necesidad de pagar a traficantes de tierra. Lorenzo Ramírez, por ejemplo, aseguró que “cada quien cogió su pedazo de terreno para construir”.

Las obras del Municipio iniciaron hace 6 años. El agua potable es un servicio con el que cuentan antes de que sus terrenos fueran legalizados. “Los títulos los sacamos hace apenas 3 años”, dijo un morador.

El sector se benefició de las obras de pavimentación hace 2 meses. Lorenza Ramírez, del bloque 1, añadió que producto de ese trabajo se ensanchó la zanja, “lo que debilitó las bases de algunas casas”. Los moradores responsabilizaron a Interagua por la obra en el canal. Al respecto, la vocera de la entidad, Ilfn Florsheim, negó que la gestión haya sido ejecutada por la concesionaria.

En el bloque 2 de Flor de Bastión, en cambio, al menos una decena de viviendas quedó a punto de caer, por la corriente de agua que debilitó las bases. Las viviendas, que están al pie de un canal de 7 metros de profundidad, se llenaron de lodo y líquido, que subió 50 centímetros del nivel de la calle.

La vecina Letty Loor dijo que hace 17 años compró su terreno a personas que trabajaban para Carlos Castro (+), dirigente vinculado al Partido Social Cristiano (PSC) y responsable de traficar tierras en zonas cercanas al norte de la vía Perimetral.

Pese a la antigüedad del sector, las títulos de propiedad los recibieron en la década pasada. El servicio de agua potable se inauguró hace 3 años.

Loor sugirió que para evitar desgracias, el canal de 7 metros de profundidad se convierta en un ducto cajón. “Estoy considerando cambiar de lugar para no exponer a mi familia”.

Mientras que en Nueva Prosperina, decenas de familias viven al pie de una zanja de 4 metros de profundidad por 7 metros de ancho. A pesar de que no están regularizadas tienen servicios básicos, como energía eléctrica y agua potable.

Durante la tormenta del pasado miércoles, 3 casas se cayeron y otras 3 están a punto de colapsar. La vivienda de Mercedes Jaramillo, por ejemplo, quedó inclinada y al menos  3 pilares están torcidos.

La ciudadana admitió que ha tenido problemas para legalizar su propiedad, pero está confundida por obras recibidas del Municipio, como agua potable y pavimentación. “El año pasado hasta ofrecieron un ducto cajón para evitar deslaves”.

La vocera de Interagua puntualizó que los terrenos que no estén legalizados, generalmente, no tienen servicio de agua potable. En casos como el de Nueva Prosperina, aseguró que actúan bajo un cronograma establecido por el Gobierno Seccional.  

Dos entidades públicas y un asambleísta refutaron la afirmación del alcalde Jaime Nebot sobre que el Cabildo no avala casas construidas en situaciones de riesgo.

El burgomaestre puntualizó, durante la última sesión del Concejo, que 6 de las viviendas colapsadas no estaban regularizadas. En cuanto a la ocupación ilegal de terrenos, la previsión y la reubicación corresponde, afirmó Nebot, a los gobiernos centrales a través de las intendencias y gobernaciones. “No corresponde a los municipios”.

Julio César Quiñónez, secretario técnico de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi), puntualizó que el art. 458 del Cootad establece que el control de los terrenos invadidos corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados.

Acotó que se encontraron propiedades certificadas por la Alcaldía en zonas de riesgo durante controles recientes en El Fortín y barrios del Suburbio Oeste, que están asentados en las orillas del estero Salado.

Actualmente, la Stpahi levanta datos de nuevas invasiones en 6 provincias. La colaboración de los municipios, afirmó Quiñónez, “es fundamental”.

El director provincial de Gestión de Riesgos, Luis García, recordó que la casa desplomada en El Fortín, donde murieron 2 menores de edad, constaba dentro de un informe que se entregó al Cabildo el pasado 2 de mayo. En el documento se recomendó la reubicación de las familias que están ubicadas al pie del canal.

Por su parte, Octavio Villacreses, asambleísta nacional y exconcejal de la ciudad, lamentó las declaraciones de Nebot sobre el colapso de 6 casas. “Da a entender que porque las familias no están legalizadas no tiene ninguna responsabilidad”, indicó.

La Gobernación del Guayas también informó que se asistirá a las familias afectadas por la reciente tormenta y que se gestionará asistencia social a las personas que perdieron familiares.