Alfredo Carrasco, presidente de la Asamblea de Usuarios de Servicios Básicos, y Ana Medina, dirigente de la parroquia Tarqui, fueron los últimos ciudadanos que emplearon la figura de la silla vacía en el Municipio de Guayaquil, el pasado viernes, durante la aprobación de la ordenanza de creación de la empresa municipal de agua potable.

Según la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, las personas acreditadas para la silla vacía tienen voz y voto en la toma de decisiones durante los debates (artículo 77).

Sin embargo, aunque la ordenanza se aprobó por unanimidad del Concejo Municipal, los representantes de la sociedad, en la reunión del pasado viernes, no tuvieron la opción de voto tras exponer sus argumentos.

Hasta ahora, solo en dos oportunidades se ha concretado el uso de la silla vacía dentro de las sesiones del Cabildo por parte de sectores sociales: para aceptar la ordenanza que regula la participación ciudadana (septiembre 2011) y en la que se aprobó la creación de la Empresa Municipal de Agua Potable (28 de septiembre pasado).

En 2009, pese a que la Constitución garantiza desde 2008 la existencia de la silla vacía (artículo 101), integrantes del Foro Ciudadano fueron impedidos de participar en una sesión. El ex vicealcalde Guillermo Chang, previo al evento, comunicó a la persona delegada por Foro Ciudadano que estaba impedida de ese derecho mientras no se “ostente la representación ciudadana única”. 

Dos años más tarde, el Cabildo replicó el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en la respectiva ordenanza -publicada en la Gaceta Oficial del 7 de octubre de 2011-, y estableció voz para la silla vacía, en exposiciones de un máximo de 10 minutos, y el voto quedó condicionado.

´Según el artículo 25 de la ordenanza que regula el sistema de participación ciudadana, en el caso de que las personas acreditadas no alcancen un consenso alguno, “solo serán escuchadas sin voto”.

En el debate del viernes, las posturas de Carrasco y Medina fueron opuestas. Mientras que el primero criticó la gestión de Interagua, la segunda la defendió. Incluso esta última manifestó su simpatía por el alcalde Jaime Nebot al asegurar que “no queremos ningún otro representante, para eso lo elegimos a usted”.

César Cárdenas, director del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos -entidad que delegó a Carrasco-,  consideró que, pese a las limitaciones, se buscó sentar precedentes.

Calificó como “trampa” el poner a una persona que piense diferente al que, en primera instancia, solicitó el derecho de la silla vacía para, de esta manera, anular el derecho al voto. “El Municipio parece no querer escuchar a la ciudadanía, porque el poder ciudadano ha quedado en el valor cognoscitivo y no trasciende en la toma de decisiones”.
Pablo León, conocedor de la figura jurídica municipal, sostuvo que  hay poco interés  por participar en las sesiones del Cabildo.

Para el jurisconsulto, el condicionamiento del voto de la silla vacía “desmotiva a la persona común, sobre todo, dentro de un salón en el que los simpatizantes del alcalde presionan y hostigan a todo aquel que piense contrario a Nebot”.

El Cabildo aseguró, dentro de la misma ordenanza, la mayoría absoluta en la conformación de la Asamblea Cantonal de Participación Ciudadana, con un 51% de los delegados.