La demolición de casas continúa, tras casi un mes de iniciado el proceso, en una de las manzanas de la cooperativa Juan Pablo II, en el norte de Guayaquil. Allí comenzará en las próximas semanas la construcción del viaducto que conectará con el puente que conduce a Samborondón.

Son 14 viviendas las que tienen que salir para dar paso a la obra. El mes pasado, maquinaria del Municipio local derribó 9 y las 5 restantes son desmanteladas poco a poco por los propietarios.

Sin embargo, la incertidumbre se mantiene para el resto de familias, pues tras casi 30 años de residencia no cuentan con escrituras.

Según el código catastral 90-2800-00, los terrenos pertenecieron al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) que, en la década del 90 los cedió en comodato a la Empresa Cantonal de Alcantarillado para la expansión de sus lagunas de oxidación en la zona. En meses recientes, la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag) se encargó de gestionar acuerdos entre los habitantes y el Cabildo para la expropiación.

Los moradores más antiguos están conscientes de que su cooperativa se inició como invasión. Lo que genera impaciencia es que, pese a que son parte de un asentamiento consolidado con servicios básicos -excepto pavimentación- no sienten la garantía de permanencia pese al ofrecimiento de la Alcaldía de que no habrá desalojos.

Luis Cauja, dueño de uno de los 14 predios expropiados, explica que por el momento está viviendo con familiares, a pocos metros de lo que alguna vez fue su inmueble por la que, en compensación, recibió aproximadamente $ 40.000.

El Cabildo entregó valores entre los $ 20.000 y $ 40.000 a los afectados. Aunque conforme con la indemnización, Cauja afirma que “igual tocará ver si no tendremos otros efectos por el humo de los carros que saldrán del puente”.

Al respecto, Luis Cajilema, quien tiene 23 años habitando en la cooperativa, comenta que desde la década del 90, los vecinos han tenido acercamientos con la Alcaldía y el BEV para conseguir la regularización de las propiedades.

Sin embargo, no procedió “porque nos dijeron que las casas están cerca de una laguna de oxidación y representa un riesgo para nosotros”.

En primera instancia se intentó adquirir los lotes, pero eso tampoco fue factible. Cajilema considera que nunca existieron las facilidades para regularizar su situación.

En cuanto al argumento del riesgo por la cercanía a la laguna, tiene sus dudas. “Los Vergeles también está cerca de ese tipo de instalaciones y no solo cuentan con terrenos legalizados, sino también con obras municipales”.

De las 5 casas que se están  desmantelando, 3 reciben una afectación total por las obras del viaducto y 2, en forma parcial, explicó Jorge Rodríguez, vocero del Cabildo.

Su intervención tuvo que postergarse cuando se inició el proceso de demolición para corroborar, a través de estudios técnicos, la situación de los inmuebles. Sin precisar la cifra total por la indemnización, Rodríguez sostuvo que se consideraron los materiales de construcción utilizados, el tamaño de las estructuras, el terreno, entre otros aspectos.

En cuanto a la legalización, confirmó que esto no es factible por el momento porque las casas fueron construidas dentro de la zona de amortiguamiento de las lagunas de oxidación de Interagua.

Sin embargo, cuando empiece la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Los Merinos, “se reducirá la zona de impacto, lo que posibilitará la legalización de las cooperativas aledañas”.

La obra, que costará $ 300 millones, comenzará a construirse desde marzo de 2018. Hasta entonces, no se podrá regularizar los predios “pero nos ratificamos en que no vamos a desalojar a nadie”.

La planta de Los Merinos, que abarca una cobertura de 9.146 hectáreas, tendrá características similares a las infraestructuras de La Pradera, Alborada y el sistema Guayacanes-Samanes. (I)

DATOS

En septiembre de 2015, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el de Samborondón, José ‘Coco’ Yúnez, firmaron el contrato para la construcción del nuevo puente sobre el río Daule, con el objetivo de descongestionar el tráfico que se registra en el viaducto de la Unidad Nacional.

La obra, adjudicada mediante licitación al consorcio Enlace 780 (Verdú), tendrá un costo de $ 71’946.390,37; el 30% fue pagado de contado por el Municipio de Guayaquil y el restante 70% lo financió el Cabildo de Samborondón.

Los trabajos comenzaron recién en mayo de 2016 por observaciones formuladas por el Ministerio del Ambiente. A inicios de junio de este año, el Municipio de Guayaquil notificó a 14 familias de la cooperativa Juan Pablo II que sus casas serían expropiadas para un viaducto del puente. (I)