Los vecinos de las casas colectivas de la calle Gómez Rendón buscarán apoyo de entidades nacionales para evitar la reubicación anunciada por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), propietario de los inmuebles.

Tras una reunión con delegados de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Colegio de Arquitectos de Guayas, Alianza Internacional de Habitantes (AIH), entre otros organismos, la asociación de vecinos de los bloques de apartamentos se inclinó por agotar las instancias necesarias para detener la demolición de las estructuras.

María Eugenia Campos, secretaria del comité de inquilinos, se quejó de que durante la mesa técnica convocada por la Gobernación de Guayas no hubo espacio para que los vecinos expresaran sus inquietudes y necesidades.

Según la ciudadana, son 20 -y no 5 como informó el IESS- las personas que tienen relación directa con el Seguro para cancelar los valores por los departamentos. Además, considera que se pasó por alto que algunos de los apartamentos fueron adquiridos a través de familiares afiliados al IESS. “Las autoridades solo están favoreciendo a las personas que guarden relación directa, eso no es justo”.

Los habitantes del sitio se sienten desilusionados por el anuncio de la demolición, porque hace varias semanas realizan actividades  por cambiar la imagen negativa del inmueble.

Recientemente se pintó la planta baja de los patios y, para distinguirlos, se acondicionó cada uno de un color distinto, explicó Samuel Morán, otro dirigente de los moradores.

El ciudadano sostuvo que el informe que revela problemas de microtráfico y delincuencia común “es tan solo una pequeña parte de la población de las colectivas”.
Enfatizó que el 90% de los vecinos convive y trabaja de manera honesta, por lo que incluso ha tenido acercamientos con la Policía Nacional para controlar cualquier actividad ilícita.

Respecto a que los bloques de apartamentos no cumplen con las seguridades de infraestructura, Morán recordó que el mismo IESS elaboró un estudio, hace 2 años, en el que se recomendó que solo el 30% de los inmuebles requería una intervención técnica.

Por su parte, el CDH solicitó a la Gobernación una copia del informe sobre las condiciones e irregularidades detectadas en las casas colectivas, presentado el martes anterior.

Billy Navarrete, secretario ejecutivo de ese organismo en el país, manifestó que solicitarán medidas cautelares a través de un grupo de abogados que se ha ofrecido a apoyar a los vecinos.

Mientras que Luis Gómez, secretario del Colegio de Arquitectos de Guayas, solicitó una explicación de las razones por las que no se ha tomado en consideración el informe del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC).

La entidad estatal estableció a las casas colectivas como un bien con alto valor histórico debido a que es el primer plan habitacional vertical popular del país (levantado en 1953).

Además del CDH, la AIH -organismo fundado en Europa- anunció que llevará el caso hasta un tribunal internacional de desalojos durante la conferencia internacional Hábitat III, que se desarrollará desde el 17 de octubre en Quito. (I)