La detención de 3 a 5 días y una multa económica de $ 44 a $ 88 rige desde ahora para las personas que viertan desperdicios o aguas contaminadas al estero Salado.

La titular del Ministerio del Ambiente (MAE), Lorena Tapia, anunció que se aplicará el artículo 607 (literal d) del Código Penal, puesto que no se han obtenido los resultados esperados con las campañas.

Según la funcionaria, hace algún tiempo la institución estatal ha capacitado a los habitantes que residen cerca de las riberas, en temas de separación de desechos y acciones que no deben cometer.

A pesar de ello “después de todo ese proceso de socialización continúa dándose la contaminación”. En el marco de la normativa ambiental vigente y con disposiciones de otros cuerpos legales “hemos tomado la decisión de poner de manera inmediata otras reglas del juego”, informó la ministra del ramo.

Los datos del MAE, proporcionados el año pasado, revelan que a diario se recogen alrededor de 10 toneladas de desechos sólidos en el espejo de agua. Mientras que las estadísticas del Municipio de Guayaquil precisan que en 4 años se recogieron 9.000 toneladas de basura del estuario.  

El procedimiento que se seguirá es el siguiente: uniformados de la Policía Nacional explicarán a la  persona que arroja basura qué derechos tiene y cuál es la infracción que comete.

Posteriormente, el infractor será llevado a un centro de atención comunitaria para que sea determinado su estado de salud y se levantará un parte con un informe técnico del MAE, que será presentado al juez, a fin de que se aplique la normativa citada.

“Esta es una medida difícil de aplicar en la gestión de este Gobierno, que no es represivo, pero se ha trabajado varios meses con las poblaciones cercanas a los esteros para poder aplicar esa voluntariedad de no disponer los desechos y esto no ha funcionado como quisimos”, precisó la funcionaria, quien recalcó que alrededor de la zona de los esteros hay  50 avisos y advertencias del incumplimiento.

En días pasados se capacitó a los agentes para que conozcan la competencia de cada institución y el trabajo que deben realizar.

Los recorridos y vigilancia se realizarán en la Isla Trinitaria, Las Malvinas, Cristo del Consuelo y suburbio oeste (Puerto Lisa, La Chala, Cisne I y II, Batallón del Suburbio, entre otros).  

La ministra cuestionó que la Alcaldía de Guayaquil no ha desarrollado acciones para evitar el impacto negativo en el afluente. “Como autoridad ambiental tenemos la potestad de exigirle a todos los municipios que cumplan, de lo contrario tomaremos acciones legales. Porque lo que se vive en el estero hoy es un daño ambiental producto de la inacción del Cabildo que no pone las reglas claras respecto a una competencia que es propia”, manifestó la funcionaria.