En 1883, vientos de guerra recorrían el país. Las principales fuerzas políticas unían sus esfuerzos para derrocar al dictador Veintimilla. Dirigentes liberales y conservadores, costeños y serranos, se unieron en una campaña de restauración democrática que finalmente logró su objetivo.

En octubre de 1883 se reunió una Asamblea Constituyente que dictó una nueva carta magna, cuya principal reforma fue la abolición de la pena de muerte por delitos políticos. Además, como dice el historiador Juan Maiguashca, a partir de 1883 se consolidó la tesis del Estado unitario, a pesar de los pronunciamientos a favor de la adopción del régimen federalista que se suscitaron en la Costa.

En octubre de 1883, el ideólogo liberal Pedro Carbo, Jefe Supremo de la provincia del Guayas, hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Constituyente que estaba por iniciar sus debates en Quito para que, por la vía legal, se reconozca al federalismo como sistema de organización del Estado: Así era su reflexión: “La primera de esas reformas es la de cambiar nuestro actual sistema de Gobierno central con el federal… El sistema federal, que tanto contribuye al desarrollo de la prosperidad general, como resultado del gobierno propio de los pueblos, es por otra parte el que menos se presta a los abusos y al despotismo de los malos mandatarios, a causa de la independencia que acerca de ellos conservan en parte los funcionarios del Estado. Si ese sistema hubiera existido entre nosotros, o cuando menos hubiera habido la amplia descentralización administrativa que yo propuse en la Convención de Ambato, conforme a la cual los gobernadores y jefes políticos debían ser elegidos directamente por los pueblos, no hubiera el exdictador Veintimilla encontrado agentes tan dóciles y sumisos para hacerse cómplices de su inicua traición a las instituciones, que el mismo habrá jurado sostener”.

En las sesiones de la Asamblea Constituyente de 1883, se discutió apasionadamente la opción del estado federal. No obstante, al final prevaleció la tesis del estado unitario.

Aunque cierta historiografía nacional sostiene que Guayaquil históricamente abanderó la opción federal, quienes se mantuvieron firmes y votaron a favor del federalismo en la Asamblea Constituyente de 1883, fueron los representantes de Los Ríos, Loja y algunos diputados de Azuay. Es decir, fueron provincias pequeñas las que apoyaron decididamente la idea de este sistema político.

Los representantes de Guayaquil y Cuenca no estuvieron convencidos de la opción federalista. La votación se dividió y se conformó una mayoría unitaria. El discurso del publicista azuayo Julio María Matovelle sirvió para convencer a algunas conciencias, a favor de este principio. Con una sólida argumentación y palpitante intervención, Matovelle propuso el fortalecimiento del Estado y una reforma desde adentro, destinada a lograr eficacia estatal e impedir la disgregación nacional. Este fue su argumento: “Que sea necesaria la unidad en la acción administrativa es cosa que no puede ponerse en duda. Quítese esta unidad, y desaparece la asociación, habrá hombres pero no sociedad (…) En el orden administrativo es imposible obtener esta unidad, si los agentes de él no dependen inmediatamente en su nombramiento y remoción del Jefe del Ejecutivo. Déjese este nombramiento al pueblo, y habrá desaparecido la unidad en la República: cada gobernador vendrá a ser un presidente (…) De esta manera, en vez de disminuir el absolutismo de los presidentes, no habremos hecho más que multiplicarlo. Con el sistema que se pretende establecer, pondríamos en peligro la unidad de la nación, y no habríamos favorecido los intereses de la libertad, sino del despotismo”.

En la Asamblea de 1883, la elección para presidente de la república se polarizó entre el caudillo liberal radical Eloy Alfaro –quien el 9 de octubre de 1883, como Jefe Supremo de Manabí y Esmeraldas, hizo un llamado a adoptar el sistema federal- y el conservador José María Plácido Caamaño, quien finalmente triunfó.

Eloy Alfaro y sus montoneros siguieron en el camino de las armas, pues se dieron cuenta de que ya era imposible negociar con la facción conservadora. Y en los años siguientes, la propuesta federalista se levantó esporádicamente como bandera de lucha de sectores oligárquicos del puerto, cuando en momentos de crisis económica sintieron afectarse sus intereses.