Cada vez que los taxistas del país protestan, la ciudadanía pone en entredicho la calidad del servicio, la seguridad del pasajero, la honestidad en los costos de las carreras y el uso del taxímetro.

El comerciante guayaquileño Wilmer Moncayo se halaba los cabellos ayer por el caos que se generó en el centro de Guayaquil por la protesta. Moncayo renegaba de que el servicio de los taxis amarillos no se compara con la calidad de Uber o Cabify.

Ayer, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato los conductores de la llamada “fuerza amarilla” marcharon.

En el caso del puerto principal bloquearon calles y avenidas en protesta por el incumplimiento en el pago del subsidio del combustible y por la presencia de las transnacionales del taxismo.

En Guayaquil, el costo de las carreras es el más alto del país. La movilización mínima no cuesta menos de $ 2 sin uso de taxímetro, mientras que en Babahoyo el costo es solo de $ 1,25. En la capital de la República, en cambio, la carrera mínima cuesta $ 1,45 durante el día, en la noche $ 1,75 y el uso del taxímetro es regla general.

En cuanto a regularización de las tarifas, George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Guayas, informó que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) ya entregó los estudios de factibilidad al Municipio de Guayaquil para que sea conocido y aprobado por el Concejo.

En Cuenca, donde no opera ninguna transnacional, los costos de las carreras ($ 1,35 en el día y $ 1,60 en las noches) se fijaron mediante un estudio técnico realizado por la Universidad de Cuenca, en 2014.

Batalla tecnológica de tres años
En Quito, la marcha llegó hasta el Palacio de Gobierno.

La principal exigencia fue la prohibición de aplicaciones tecnológicas extranjeras de administración de flota.

La pelea se inició en julio de 2016 cuando aterrizó en el país la firma española Cabify.

En agosto de aquel año, la Unión de Taxis de Pichincha anunció la implementación de su app Unitaxi. El proyecto no tuvo acogida en el gremio, además de afrontar problemas tecnológicos.

Por ello, un año después anunciaron el uso de la plataforma Divutaxi, de la empresa Sumitrag.

Al año siguiente, el presidente de la Unión, Carlos Brunis, dijo que lanzarían una versión mejorada de Unitaxi hasta fines de 2018.

En enero último, no obstante, el gremio pidió en una asamblea que el Estado provea la app. Para entonces, Uber (julio 2017) e InDriver (2018) habían llegado.

George Mera denunció que las transnacionales cobran el 25% de la carrera, dinero que se va fuera del país.

Los gremios de taxistas de Manabí viajaron a Quito para apoyar la protesta. En Manta y Portoviejo el servicio fue normal. En ambas urbes operan Uber, Cabify e In Driver.

Tras la reunión entre dirigentes del gremio y autoridades, en el Palacio de Gobierno, se acordó manejar el tema a través de cuatro entidades del Estado.  

El Ministerio de Telecomunicaciones estudiará la posibilidad de suspender las aplicaciones, la Fiscalía investigará la operación de las firmas, el SRI controlará sus actividades financieras y la Superintendencia de Bancos revisará la forma de pago con tarjetas que realizan. (I)