El Gobierno Nacional apelará la decisión del juez constitucional José Ordóñez, del Complejo Judicial Florida Norte de Guayaquil, quien aceptó la acción de protección propuesta por el Municipio de Guayaquil, que exige la devolución de $104.588.293 retenidos por concepto de IVA. 

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas sostiene que el fallo se produjo "sin sustento constitucional. Esto, debido a que los Órganos del Poder Público no poseen derechos, sino competencias, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional".

“Es una sentencia política, que trastoca principios constitucionales. Existe mucha jurisprudencia y antecedentes que demuestran que una acción de protección no es la vía adecuada para resolver estas disputas".

De allí que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas, "en virtud de lo ordenado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y una vez notificado, "apelará dicha decisión ante el Superior, que es la Corte Provincial del Guayas".

"Probamos en derecho, y de manera responsable, que no se ha vulnerado ningún derecho constitucional. Somos respetuosos de los procesos judiciales y la independencia de las otras funciones del Estado y, seguiremos los canales e instancias judiciales previstas en la Constitución y la ley", indicaron los representantes del Ministerio.

El Ministerio de Finanzas explica que hay un acuerdo suscrito con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), del 7 noviembre del 2019, en el  cual se estableció el pago de los valores pendientes por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a través de un cronograma ordenado.

"Esta sentencia, por tanto, vulnera los derechos de otros GAD e instituciones que también requieren de un orden para el cumplimiento de las obligaciones del Estado con estas, soslayando con esto el principio constitucional a la seguridad
jurídica", indica un comunicado. 

Añade que desde junio del 2017 se han entregado más de $ 970 millones por transferencias de modelo de equidad y otras
 competencias al Municipio de Guayaquil.

De su lado, la alcaldesa Cynthia Viteri celebró el dictamen del juez. (I)