Dionicio Gallardo, del Barrio del Seguro, aborda diariamente los buses de la línea 3 en la intersección de las calles Luque y Rumichaca para regresar a su hogar luego de finalizar su jornada en una ferretería de la zona centro.
Diariamente ve pasar miles de vehículos desde su puesto de trabajo... el sonido de las bocinas y los motores encendidos se mezclan con las voces de los compradores y vendedores ambulantes.

El grito de “cola a diez, cola a diez”, el rugido de los buses y el claxon de los carros  se escuchan desde el exterior mientras un cliente solicita a Gallardo información acerca del precio de los tubos galvanizados.

El ruido, que es el conjunto de varios sonidos inarticulados y confusos, es algo a lo que el ciudadano, como muchos otros, parece estar acostumbrado.

“Es de todos los días... aunque está un tanto peor desde que comenzaron las obras en esta calle (Rumichaca)”, comentó Gallardo.

La aceptación de los ciudadanos a la contaminación auditiva es tanta que, según la Fundación contra el Ruido, Ambiente Contaminante y Tabaquismo (Funcorat), las leyes y ordenanzas que contribuyen al control del número de decibeles permitidos no tienen mayor efecto.

El Ministerio de Ambiente (MAE), Municipio de Guayaquil y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) manejan estatutos que sancionan el uso desmesurado de elementos que ocasionan contaminación auditiva.

El MAE, por ejemplo, impone una multa entre los 20 y 200 salarios básicos unificados a un ente bajo su regulación que “no cumple con las normas técnicas ambientales o con su plan de manejo ambiental” (artículo 80 del libro VI, del  Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del MAE).

El Cabildo, por su parte, maneja una ordenanza (creada en 1960 y actualizada en 1985) que multa desde el 12,5% hasta el 125% del salario mínimo vital mensual a quien altere “la actividad laboral o el descanso colectivo” con la producción de ruidos.

Mientras que la CTE, según el artículo 139, literal A de la Ley de Tránsito, sanciona con una multa del 5% de la remuneración básica unificada y la reducción de 1,5 puntos en la licencia de conducir a quien haga uso indebido del claxon.

Francisco Plaza, presidente del Funcorat, considera que existe muy poco control por parte de las autoridades para hacer respetar las normas establecidas.

“Ya no solo es un problema de Guayaquil, se ha trasladado a Quito, Riobamba, Manta, Portoviejo, es decir, a las principales ciudades y los balnearios de la Costa, los que, en especial los fines de semana, se transforman en sitios prácticamente inhabitables”, asegura Plaza. El Colegio de Médicos del Guayas (CMG) también coincide en que el control ejercido por las autoridades no afecta a la tendencia de generar ruido por distintos medios (claxon, equipos de sonido, fiestas, entre otros).

Fausto Padilla, presidente del CMG, manifiesta que en los barrios muchas personas se abstienen de denunciar por temor a ser objeto de represalias por parte de ciertos vecinos que, escudándose en la “privacidad” de sus casas, ponen música en alto volumen. 

“Tanto la comunidad como las autoridades deben trabajar conjuntamente en campañas que promuevan una sana convivencia, en la que se respeten los estatutos reguladores del ruido”, sostiene Padilla.

Según datos proporcionados recientemente por el MAE, a través de la Dirección Provincial de Guayas, el puerto principal cuenta con zonas de gran movimiento comercial, las cuales, debido a las actividades propias del comercio y a la gran afluencia del parque automotor, registran los más altos niveles de ruido.

Dependiendo del tipo de zona, según el uso de suelo y el horario, los niveles de ruido, conforme a los límites máximos permisibles establecidos en la Normativa Ambiental vigente, se encuentran, según la entidad estatal, en el rango de entre 35 a 70 decibeles.

La cifra difiere con el estudio realizado hace siete años por el Funcorat en el que se comprobó que el casco comercial de la urbe genera ruidos superiores a los 80 decibeles.

Plaza admite que pueden haberse presentado cambios desde 2005 pero que, en todo caso, “no han cambiado lo suficiente en beneficio de la salud de las personas”. La Funcorat trabajará en las siguientes semanas en la actualización de los datos junto con la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece como saludable la recepción de sonidos que generen hasta 60 decibeles. Al sobrepasar el límite, el cuerpo humano se expone a distintos riesgos.

Según varios especialistas en medicina, la principal afectación al cuerpo humano son los efectos auditivos que van desde la disminución de la capacidad del ruido, pasando por un trauma acústico hasta la pérdida parcial y total de la audición (sordera).

El doctor Eduardo Murillo explica que existen otros efectos secundarios por los altos niveles de ruido sobre otros sistemas como el cardiovascular.

“El ruido excesivo, al ser una especie de agresión,  libera sustancias como catecolamina y estas producen taquicardia, hipertensión arterial, cardiopatía crónica e infarto al miocardio”, asegura Murillo.

Actualmente, el MAE se encuentra realizando la revisión y actualización del Anexo 5 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria,  en lo referente a ruido.

Una vez que finalice el proceso de  actualización será puesto a la opinión pública y de expertos en el tema, a fin de socializar la nueva norma y recabar comentarios y sugerencias al respecto,  previo a su aprobación y expedición definitiva.